Diego “N”, exalcalde del municipio de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso la noche del martes 10 de febrero, luego de una audiencia que se extendió por más de 12 horas en el Penal del Altiplano.
El juez de control, Mario Elizondo, determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. En la misma resolución también fueron vinculados Juan Manuel “N”, exdirector de Seguridad Pública, y Juan Gabriel “N”, exdirector de Catastro municipal.
La audiencia se llevó a cabo de manera digital, donde el exedil apareció con uniforme penitenciario y el número de interno 6 mil 412.
Señalan secuestros, tortura y extorsión
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Diego “N” presuntamente formaba parte de un grupo político-criminal relacionado con extorsiones, secuestros y torturas, con el objetivo de exigir cobros ilegales a comerciantes, empresarios y empresas tequileras.
Uno de los hechos principales ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando presuntamente fueron privados de la libertad Guillermo Coordero García, candidato de Morena a la alcaldía de Tequila, y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez.
Según la acusación, ambas víctimas habrían sido llevadas a una casa de seguridad, donde fueron sometidas a tortura y obligadas a firmar su renuncia ante un notario público.
Presuntos vínculos con el CJNG
La investigación federal también indica que el grupo tendría relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el año 2021, incluso antes de que Diego “N” asumiera el cargo como presidente municipal.
Además, se señaló que una campaña política posterior habría sido financiada presuntamente por dicha organización criminal, situación que deberá ser confirmada durante el avance del proceso judicial.
Podría enfrentar hasta 90 años de prisión
Aunque inicialmente se imputaron los delitos de delincuencia organizada y secuestro, el juez reclasificó las conductas debido a la calidad de funcionarios públicos de los acusados, lo que implicaría penas más severas conforme al Código Penal.
La defensa intentó invalidar pruebas presentadas por la FGR, pero el juez concluyó que los datos expuestos, sumados a la denuncia de un empresario por extorsión, eran suficientes para dictar la vinculación a proceso.
Con esta reclasificación, Diego “N” podría enfrentar una condena de 40 a 90 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.
El Ministerio Público tendrá un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, mientras el exalcalde permanecerá bajo prisión preventiva.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el tema de la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y la vulnerabilidad de las instituciones ante estructuras criminales que operan desde el poder local.
