➡ Gobernador esquivó el caso Donato al ignorar las denuncias de Sandra Domínguez
➡ Fue dado de baja –dijo—pero Donato Vargas sigue operando en su gobierno
Eugenio GONZÁLEZ | El Piñero
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – Durante una entrevista con el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, abordó el delicado tema del asesinato de la activista Sandra Domínguez Martínez, ocurrido en territorio veracruzano, en compañía de su pareja, Alexander Hernández.
En un intercambio que ha comenzado a generar reacciones entre periodistas y defensores de derechos humanos, Julio Astillero preguntó al mandatario estatal por la presunta participación de Donato Vargas —exfuncionario del gobierno de Oaxaca— en un grupo de WhatsApp donde se habrían compartido imágenes sexuales no consensuadas, y que, de acuerdo con algunas versiones, involucraban a la activista Sandra Domínguez.
Al respecto, el gobernador Salomón Jara respondió que “la persona involucrada fue dada de baja” del gobierno estatal y que se solicitó una investigación formal. Sin embargo, Jara fue más allá y declaró que la pareja de Sandra, Alexander Hernández, “estaba muy involucrado con la delincuencia organizada”, lo que —según sus palabras— fue un factor en torno al crimen.
Tras la entrevista, la periodista Marta Olivia López cuestionó la postura del gobernador y mostró su preocupación por lo que calificó como una declaración “imprudente” y “prematura”.
“Me sorprende mucho cómo el gobernador de Oaxaca dista bastante de la postura objetiva y reservada de la Fiscalía. Mientras esta se mantiene prudente y maneja con cuidado los avances del caso, el gobernador ya determinó públicamente vínculos con el crimen organizado. Me parece muy delicado, y sin duda esta declaración dará mucho de qué hablar”, expresó.
La activista Sandra Domínguez Martínez fue reportada como desaparecida en octubre del 2024, y en este mes de abril de 2025 fue hallada sin vida junto a su pareja en el estado de Veracruz.
Con las declaraciones del gobernador, la atención vuelve a centrarse no sólo en la exigencia de justicia por los asesinatos, sino también en el papel que desempeñan las autoridades al comunicar públicamente avances o suposiciones sin respaldo judicial.
