Jaime GUERRERO | El Piñero
Jorge Castillo Diaz, alias el “Coco Castillo”, operador político y económico del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, es beneficiario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) con resoluciones para que la empresa, CONFECCIONES SOPAK, S.A. DE C.V., ligada a él, le sean pagados 450 millones de pesos por supuestos suministros de servicios y bienes.
Y es que Castillo Diaz, en el periodo de Cué Monteagudo, “era el monaguillo que pasaba por la charola a todas las secretarías”, cuya conducta corrupta, le fue enterada al ex gobernador, pero nunca escuchó.
Al revelar ese contubernio de magistrados y magistradas de ese órgano jurisdiccional, el Gobernador, Salomón Jara Cruz, adelantó que presentará una iniciativa de reforma constitucional para reestructurarlo.
En su habitual conferencia de prensa semanal, criticó que el Tribunal esté al servicio de empresas constructoras.
“Se está estudiando qué pasará con el tribunal de justicia administrativa porque no ayudan a combatir la corrupción al contrario protegen y pareciera que están al servicio de las empresas constructoras”.
Cuestionó que el Tribunal de Justicia Administrativa, requieren al gobierno para pagarle a empresas constructoras y para ello sesionan de manera muy rápida para beneficio de empresas.
Reveló que una empresa que tiene relación con Jorge Castillo -operador político y económico del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo-,por decisión del Tribunal de Justicia Administrativa, está obligando que el Gobierno del Estado, pague una deuda por que resolvió a favor.
“Nosotros no estamos de acuerdo en que el tribunal sirva a algunos poderosos o este al servicio de la corrupción, se tienen que cambiar el modelo”, se pronunció.
Por su parte, el consejero jurídico Geovany Vazquez Sagrero, confirmó que están dando seguimiento a casos que han sido atípicos de litigios en materia administrativa con requerimientos de pago de facturas, obras y contratos “que dormían el sueño de los justos durante el pasado periodo de gobierno”.
Reveló que en vísperas de qué se asumiera el mandato de Jara Cruz, cerraron instrucciones, desahogaron pruebas y cuando entra en funciones la nueva administración ya se tenían encima los requerimientos de pago forzoso de las deudas.
Al no estar de acuerdo con esas resoluciones se busca una ruta jurídica para que sean revisadas las sentencias en algunos casos, en otros lo hicieron con el debido tiempo para que ya no hubiera posibilidad de defensa.
Vázquez Sagrero, explicó que se revisa la ruta para no afectar el erario, recursos que no se tenían previstos y que aparecieron.
Confirmó que se encontraron empresas que tienen relación con Jorge Castillo operador económico del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo que, reclaman deudas millonarias, queriendo colapsar el recurso y la política financiera del nuevo gobierno.
“Estamos revisando, evaluando la posibilidad jurídica de hacer cambios fuertes sobre el tribunal de justicia administrativa que permita democratizarlo”, reiteró.
Al cuestionar el papel de las y los magistrados del Tribunal, señaló que se conoce el currículum de quienes están hoy como magistrados en el tribunal de justicia administrativa, “muchos de ellos, incluso activistas políticos del PRI, muchos de ellos han sido representantes populares del PRI y los dejaron culminando el pasado gobierno para que durante estos años estuvieran acompañando al nuevo gobierno, resolviendo los asuntos de responsabilidad administrativa sobre los ex funcionarios públicos”, cuestionó.
“Por eso estamos construyendo una ruta, porque es un órgano constitucionalmente autónomo y hay una correlación entre poder ejecutivo y legislativo para establecer las formas de la organización del mismo”, apuntó.
Refirió que la instrucción del gobernador es trazar la ruta para hacer cambios que pueden impactar y en su momento exista un verdadero tribunal de justicia administrativa.
En tanto, Jara Cruz, adelantó que en breve dará a conocer cuál sería la propuesta que se presentará ante el congreso del Estado sobre el tribunal de justicia administrativa.
Reiteró que todos y todas las magistradas que están en el tribunal de justicia administrativa fueron premiados por pasados gobiernos para dar protección y ayuden a no ser sancionados los exfuncionarios que están siendo auditados.
“Estamos estudiando qué hacer con el tribunal para que nos sirva de protección o para salvar a un gobierno”, puntualizó.
Y de paso aseguró que en su gobierno no tiene operadores económicos como Jorge Castillo.
“Decirles que aquí no tenemos ningún Jorge Castillo. En este gobierno todos tienen una responsabilidad, ya se acabaron los moches, se acabaron las comisiones”.
“Se acabaron los actos de corrupción que se hacían, porque a eso se dedicaba a Jorge Castillo en el gobierno de Gabino Cué, era el monaguillo que pasaba por la charola a todas las secretarías, era el ejecutor económico y muchos le reclamaron a Gabino en su periodo, esto que pasaba. Muchos se lo dijeron y nunca escuchó, en cambio nosotros no lo tenemos porque nos vamos por esa ruta”, reveló.
