Jaime GUERRERO | El Piñero
Ante la presión del gremio periodístico, protestas de familiares y cuestionamientos desde la Presidencia, un juez de control desestimó este jueves el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, aunque determinó que continuará su proceso por otros cargos bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en Veracruz.
Tras ser detenido por el Ejército el pasado 24 de diciembre, el comunicador abandonó esta tarde el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos.
Al concluir la audiencia inicial, el juez José Guadalupe Nucamendi Albores resolvió que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó elementos suficientes para sostener la imputación de terrorismo.
No obstante, el juzgador vinculó a proceso a León Segovia por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Pese a la solicitud de libertad absoluta de la defensa, se impuso el arraigo domiciliario para garantizar su comparecencia durante el desarrollo de las investigaciones.
La Fiscalía —ahora encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle— presentó como prueba principal una investigación iniciada en 2023.
Por loe pronto, le imponen resguardo domiciliario de un año, informó Jiménez Aguirre.
Según lo expuesto en audiencia, en el teléfono de un presunto delincuente se localizó una conversación en la que el periodista presuntamente recibía información sobre el hallazgo de cuerpos a cambio de dinero, por un monto aproximado de 30 mil pesos. La acusación sostiene que León Segovia difundía asesinatos y publicaba mensajes violentos en su página “Noticias con Lafita León” bajo instrucciones de grupos criminales.
La defensa y organizaciones como Artículo 19 rechazaron dichas pruebas y calificaron el caso como un intento de “criminalizar la labor periodística” y las fuentes informativas de la nota roja.
Previo a la audiencia, el propio periodista arremetió contra la institución ministerial: “Ya saben lo que fabrica la Fiscalía (…) esta Fiscal me odia”.
El caso escaló a la agenda nacional luego de que, el pasado 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara el uso del tipo penal de terrorismo contra un reportero.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo; tendría que explicarlo, porque no ha habido una acusación así en México, yo creo que nunca (…) la libertad de expresión debe estar por encima de todo”, declaró.
Este martes, a las afueras del recinto judicial, colegas de León Segovia realizaron una protesta para exigir su liberación, con consignas como “Periodistas no somos terroristas” y “Cubrir nota roja no es delito”.
El hijo del comunicador, Gardiel Josué León Oropeza, pidió que prevalezca la justicia y recordó que su padre, de 62 años, padece hipertensión y que su salud se deterioró durante el encierro. Señaló además que se pretende juzgarlo por el artículo 311 y acusarlo de causar pánico a la población con sus publicaciones. “La abogada está pidiendo pruebas sólidas (…) porque no nada más esto le pasa a él; que no le pase a nadie”, expresó.
