Jaime GUERRERO/El Piñero
El Juzgado Decimoprimero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitió un acuerdo que ordena a la Comisión de Selección, suspender provisionalmente -en tanto se resuelva el fondo del asunto-, todo acto tendiente al proceso de desaparición y renovación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca.
La suspensión provisional dictada por el juez federal ordena a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, se abstenga -sin detener el proceso de selección- de llegar a la parte final de designación y toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
A a traves del membrete “Litigio Estratégico Indígena A.C.” que dirige el abogado Carlos Morales, se ampararon Pablo Munguía Gaytán, actual presidente del CPC. El actual presidente es compadre del diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya.
Munguía Gaytan, es cercano colaborador de Robles Montoya y llegó al CPC bajo el cobijo de los diputados locales del PT que coordina, Noe Doroteo Castillejos.
Otro comisionado que se amparó bajo ese membrete de litigio es José Juan Flores Guzmán, quien llegó al cargo con el apoyo de diputados del PRI en la LXIII Legislatura y ha sido señalado de presuntos actos de corrupción.
La comisionada “ciudadana”Sonia Mora Cruz, esposa del tesorero del Congreso del Estado, Omar Maldonado Aragón, cuyo matrimonio es cuota del senador de la república, Salomón Jara Cruz.
También buscaron la protección de un juez federal, Reyna Miguel Santillán y Lucila Martínez Altamirano, ambas académicas y arropadas por las bancadas del Morena y el PT en la LXIV Legislatura para llegar al cargo.
Los sueldos de los comisionados ciudadanos oscilan en los 80 mil pesos mensuales, mientras que el Comisionado Presidente oscila en los 100 mil pesos.
“Litigio Estratégico Indígena A.C.” es un despacho dirigido por Carlos Morales, quien tambien litiga el caso de la jueza Erika Rodríguez, quien reclama una magistratura por paridad constitucional y ha impugnado el proceso de designación de los magistrados del TSJE, Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes.
Por pretender presunta ventaja procesal, el abogado Carlos Morales y la jueza Rodríguez, son indagados por un ministerio público federal.
El pasado 1 de junio, la LXIV Legislatura, reformó la Constitución de Oaxaca reestructurar el Sistema Anticorrupción de Oaxaca y el Comité de Participación Ciudadana y crear el Consejo de Participación Ciudadana, para colocar a piezas a fines a los actuales legisladores y legisladoras.
Los juicios de amparo fueron promovidos por los actuales integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en contra del Congreso del Estado de Oaxaca, del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa y otras autoridades.
El juez federal determinó en el juicio de amparo número 659/2021, ordenó a la Comisión de Selección, “para el efecto de que sin paralizar el procedimiento de selección relativo, las autoridades responsables se abstengan de designar y tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Y es que el Comité de Selección, con el respaldo de la reforma autoritaria optó por emitir una convocatoria para designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en sustitución del Comité de Participación Ciudadana.
Por esto, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, decidieron acudir ante un órgano jurisdiccional federal para que éste hiciera ver al Congreso de Oaxaca que sus determinaciones son violatorias de derechos humanos y que atentan contra la integridad de los integrantes del Comité.
Por lo pronto, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Oaxaca, concedió este 5 de agosto, la suspensión provisional en la que se ordenó a las autoridades responsables “se abstengan de designar y tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana”.
Los Juicios de amparo son 616/2021, radicado en el juzgado Décimo de Distrito en Oaxaca, lo mismo los, 629/2021 y 659/2021 contra el Congreso de Oaxaca, Gobernador de Oaxaca, Consejero Jurídico y 14 autoridades más, argumentando violaciones a los artículos 1, 14, 16 de la Constitución Federal y artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
