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La ONU pide a México reparar daño de víctima de violación a sus derechos humanos cometidos por el gobierno de Gabino Cue Monteagudo

El Piñero

Piñadero Político

Por El Piñitas

La revisión del periodo en que gobernó el estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo (2010-2016), arroja una serie de casos en materia de violaciones a derechos humanos que han ido quedando en la impunidad, junto con el mal manejo que se realizó desde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, pues esa etapa sirvió para proteger los intereses que el pueblo de Oaxaca buscó erradicar con el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y que al final de cuentas, los únicos beneficiados fueron Cue Monteagudo y sus aliados, prueba de ello son los desfalcos al erario público que se encontraron desde las secretarias de Desarrollo Rural con Salomón Jara Cruz y Salud, con Germán Tenorio Vasconcelos.

Hoy en día, Gabino Cue Monteagudo se la pasa administrando sus negocios y viajando por el mundo, mientras en Oaxaca, poco a poco van saliendo sus pendientes que dejó y que se espera que algún día lo alcance la justicia.

Durante su gobierno, fue detenido el profesor Damián Gallardo Martínez, al igual que otro grupo de maestros y maestras acusados del secuestro de dos hijos de uno proveedor de la Secretaría de Salud de aquel entonces. El caso de Gallardo Martínez tomó dimensión internacional luego de que en el año 2018 un juez lo liberó de manera absoluta por no tener pruebas para procesarlo. El gobierno de Cue Monteagudo lo detuvo en el año 2013.

El pasado 14 de diciembre, el Comité contra la Tortura de la ONU  determinó que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había estado promoviendo la educación comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca. En mayo de ese año, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron, sin orden judicial.

Estuvo detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación. “Según el Sr. Gallardo Martínez, los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres. El Sr. Gallardo Martínez fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión”, según el reporte del organismo internacional.

Con base en esta “confesión”, fue acusado de participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México. Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

Durante este tiempo, Gallardo Martínez fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.

Mientras estuvo detenido, su padre permaneció diariamente en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia para su hijo. Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena.

Gallardo Martínez y su familia presentaron en México denuncias por los actos de tortura, pero estas no dieron lugar a ninguna investigación significativa. Por lo tanto, llevaron su caso ante el Comité en 2019.

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