CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El pasado 15 de enero, después de más dos meses desde que un grupo de alumnas agrupadas en el colectivo feminista y separatista Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) tomaron las instalaciones como protesta contra la violencia sexual y de género, se instaló la primera mesa de diálogo con las autoridades.
Fue el primer cara a cara entre las estudiantes paristas y las autoridades. Siete de ellas, encapuchadas y vestidas de negro, leyeron a los representantes de la facultad cada una de las demandas de su pliego petitorio. Cuando exigieron una disculpa pública a la familia de la alumna Mariela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde abril de 2018, por entorpecer las investigaciones para su búsqueda inmediata, el director de la facultad, Jorge Enrique Linares Salgado, se apresuró a disculparse ahí mismo.
“Bien. Aquí está la señora Herminia Valverde y nosotros, yo le ofrezco nuestra disculpa pública, por la dilación que hubo en la facultad. Quiero decirle y decirles a todos que, cuando nos requirieron a todos la información, la autoridad judicial, inmediatamente nos pusimos a su disposición”, afirmó Linares Salgado.
Con la voz entrecortada las estudiantes reclamaron al directivo su falta de sensibilidad al disculparse sin dirigir la mirada a la señora Herminia ni cumplir el protocolo que establece la Ley General de Víctimas, según la cual tiene que ser en una fecha convocada por la autoridad y en un lugar que signifique y dignifique la disculpa pública.
“No se trata de un punto más para cumplir tus intereses y que te entreguemos las instalaciones porque por eso las estamos tomando, y por eso estamos haciendo esta interrupción de la normalidad; si la norma es que nuestras compañeras no estén, entonces nosotras no queremos vivir en la norma”, recriminaron.
Entre aplausos y gritos de “¡no estamos todas, nos falta Mariela!”, el director y las representantes de Rectoría se comprometieron a hacer la disculpa pública. Sin embargo, a un mes de la mesa de diálogo, no se ha convocado para saldar esta deuda pendiente de la UNAM.
Ese episodio es el reflejo de la lentitud en el cumplimiento de esa y otras demandas, lo que ha hecho que crezca el movimiento pese al desgaste que representa una toma de instalaciones de esta magnitud. En solidaridad con sus compañeras, se declararon en paro estudiantes de otras facultades, como la Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Hasta el cierre de esta edición eran 12 en total, luego que la tarde del viernes 7 se entregaron las instalaciones de los planteles 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, el CCH Azcapotzalco y la Facultad de Arquitectura (FA). Todavía quedan la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, la de Artes y Diseño, los planteles Sur y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), las prepas 3, 5, 6 y 8, y de manera indefinida FFyL, FCPyS y la Prepa 9.
El conflicto estudiantil se fue gestando mientras el rector Enrique Graue buscaba la reelección. El 29 de octubre de 2019 se convocó a una asamblea feminista y se decidió tomar las instalaciones por 12 horas a partir del 4 de noviembre, pero el cierre de la facultad se volvió indefinido ante el incumplimiento de las demandas, entre ellas la destitución de Amparo Yadira Coronado Zavala, encargada de las denuncias por violencia de género en FFyL, la disculpa pública de los directivos por haber “normalizado” el acoso sexual y por entorpecer la denuncia legal que las estudiantes querían interponer contra los presuntos agresores.
Cuatro días después del paro, Graue tomó protesta como rector de la UNAM por cinco años más.
“El rector Enrique Graue estaba más preocupado por su reelección que por resolver las demandas”, considera una estudiante de la “colectiva” Mujeres Organizadas de la FFyL.
Seis días después de la reelección del rector, el 14 de noviembre, 11 planteles de la UNAM se declararon en paro en protesta por el acoso y abuso sexual; tres de ellos lo mantuvieron de manera indefinida.
“Es una bola de nieve. En las facultades FFyL y Prepa 7 y Prepa 9, los alumnos transcurrieron las festividades navideñas en la prepa y las vacaciones sin que avanzara el diálogo o la solución a sus demandas. Fue un periodo importante en el que las autoridades apostaron inicialmente al desgaste del movimiento”, opina Sayuri Herrera, abogada feminista cercana a algunas estudiantes.
Varios errores de comunicación mostraron que las autoridades no usan el mismo lenguaje que las manifestantes, en su mayoría feministas que se autodefinen como “separatistas” (excluyen a los hombres de cualquiera de sus asambleas), “anarquistas” y “disidentes”. La pifia más visible fue la serie de promocionales que la casa de estudios lanzó en sus redes sociales, con actores, casi todos hombres, haciendo recomendaciones a las mujeres víctimas de acoso y violencia de género para que presentaran denuncias formales.
