VICENTE BELLO / TREN PARLAMENTARIO
Diputados y diputadas del PRI, PAN y PVEM volvieron a sujetarse de las manos y se pusieron a caminar muy orondos a través de uno de los recodos más torcidos del bosque mexicano, adonde –jura la oposición de Morena, PRD y PC que así ha sido- han ido al encuentro de los intereses no sólo de delincuentes (talamontes y aserraderos clandestinos) sino también de desarrolladores inmobiliarios y de agentes de bienes raíces, nacionales y extranjeros, a quienes ahora les va a ser más fácil hacerse del boscaje nacional.
En una sesión ordinaria marcada por los levantadedos, este martes 7 de marzo aquella tríada de grupos parlamentarios decidieron abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal, publicada el 25 de febrero de 2003, y expedir la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Todo lo ha hecho bien el PRI en este cambio de leyes forestales, según Andrés García Romero, diputado federal priísta. “Los bosques son vida, pulmones para la tierra, albergue para la flora y la fauna, densidad de árboles y vegetación poblada de vida”, pontificaba. “También representan abundancia de recursos para las personas”.
Y también afirmaba que, con dicho cambio de leyes, no sólo se cumple el plan estratégico de cambio climático que presentó en 2014 Enrique Peña Nieto, sino que también quedarán los bosques ahora como “bienes naturales registrados y protegidos”.
Entonces enumeró el priísta lo que dijo que serán los nuevos beneficios para el país:
“Primero. Dotar a la Comisión Nacional Forestal de mayores facultades en materia de avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, así como para acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.
“Incrementar el uso sustentable de los recursos forestales sin arriesgar los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad.
“Eliminar el Servicio Nacional Forestal, por tratarse de una instancia inoperante y con atribuciones poco claras.
“Eliminar materias que competen a otras leyes, por ejemplo, transparencia, igualdad de género y pueblos indígenas; promover economías de escala en la provisión de materias primas y servicios de comercialización.
“Fomentar la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable.
“Unificar el Sistema Nacional de Gestión Forestal de la Semarnat, con el Sistema Nacional de Información Forestal de la Conafor y otorgar mayores instrumentos a la Profepa para el correcto desempeño de sus atribuciones, generando esquemas de cooperación eficaz en la tarea de vigilancia y propiciando una rápida respuesta de las autoridades.
“Y, en suma, se trata de poner al día la legislación en la materia, haciéndola compatible con la normatividad existente para contrarrestar el cambio climático, adelgazando la burocracia y agilizando los trámites relacionados”.
Cosas casi idénticas dijo el PAN y el Pvem. ¿Un guión? Sólo ellos lo saben. Pero he aquí la argumentación de los opositores a la reforma:
Juan Romero, de Morena: “Este dictamen no prevé reservas forestales; ve a los bosques como un medio económico de lucro y de depredación en procesos productivos y cadenas de valor, pero no lo ve como una reserva que debemos generar para las futuras generaciones.
“Tampoco (esta ley), no ha considerado la opinión de organizaciones sociales o de especialistas en el medio ambiente; es una ley centralizada que va a favorecer la opacidad en los permisos para deforestación. Y será una ley que favorecerá a cadenas productivas que pretenden lucrar con el medio ambiente y con los recursos naturales”.
Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano: “La elaboración de esta ley está dejando por fuera a más de 100 organizaciones de expertos del sector forestal, los cuales ven una involución y un retroceso respecto de la legislación actual”.
Fue Mirza quien recordó al Pleno que apenas el 6 de diciembre pasado fue reformada la ley que ahora se abroga. Una reforma para no “otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente que la secretaría haya verificado que el ecosistema se ha regenerado totalmente”.
Pero ahora, en la nueva ley, advierte Mirza, se dice “que no se podrá cambiar el uso de suelo en 20 años –fíjense la palabra–, a menos que la secretaría acredite que la vegetación forestal… Ya está hablando de vegetación y no de ecosistemas. Está dejando una condicionante sumamente frágil para que se quemen bosques y las inmobiliarias lleguen y construyan encima de bosques, de manglares, etcétera. Como este tipo de detalles, que parecerían insignificantes, tienen una total relevancia y le debemos no solo a México sino al planeta absoluta seriedad y responsabilidad”.
E un dato hizo hincapié Mirza Flores: la reforma del 6 de diciembre fue presentada por el PVEM. Exactamente tres meses después, el mismo Verde vota teniendo un interés opuesto.
En voz de Lucía Arzaluz Alonso, el Pvem justificó su voto así: “El dictamen que hoy se presenta, acerca de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un paso importante en la actualización del marco jurídico en materia forestal, pues es necesario saldar los pasivos derivados de la degradación y el agotamiento ambiental; y, por otro lado, detonar un área de oportunidad que representa manejar de forma sustentable los ecosistemas, transitando a un esquema de conservación activa con una nueva visión de gestión integral del territorio”.
Juan Romero criticó: “Es una ley que agiliza los trámites, pero para la depredación de los bosques, no para su reposición y recuperación, no para la sustentabilidad”.
Apenas comienza el debate. Sigue el Senado. Veremos.