Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
El Gobernador, Salomón Jara Cruz, se impuso y doblegó por la ruta política-jurídica al ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), Manuel Velasco Alcántara, luego de que, el jurisperito se desistiera de la controversia constitucional que, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir la disolución del TJAO, la destitución de él, 11 de sus pares y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCO).
Este lunes, Jara Cruz confirmó que el magistrado presidente del TJAO y los aún magistrados están cooperando para que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción pueda operar y cumplir con sus funciones, cuyo órgano jurisdiccional fue creado a través de una reforma constitucional que facultó al gobernador, a designar a las y los nuevos magistrados y se ratificaran por el pleno de la LXV Legislatura.
“Es importante contar con un nuevo organismo. Están cooperando los anteriores magistrados. Están cooperando y eso nos da gusto. Manuel Velasco Alcántara ya se desistió de su solicitud que presentó ante la Corte, una controversia que había presentado y eso nos ayuda mucho; por eso les decía que tuvieran paciencia y lo están haciendo los demás también (magistrados)”.
Recalcó que si cooperan, ayuda mucho a tener órganos jurisdiccionales como el tribunal de justicia administrativa y combate a la corrupción de #Oaxaca en muy buenas condiciones, para que se sigan los procesos administrativos por irregularidades de los anteriores funcionarios gubernamentales.
El desistimiento a la Controversia Constitucional 396/2023, fue presentada por Velasco Alcántara, el pasado miércoles 9 de agosto a la SCJN y también fue entregado un documento original a la consejería jurídica.
Luego de que Jara Cruz, anunciará que, Velasco Alcántara, se desistió de la controversia constitucional que presentó ante la SCJN que, había suspendido provisionalmente la desaparición del TJAO y la destitución de sus pares, Milagros García Vásquez, ex directora administrativa de Velasco, se presentó ante el nuevo personal del TJACCO, a realizar la entrega-recepción.
Se consumó la salida jurídica – política. Se afianzan los y las nuevas magistradas designadas por Jara y rarificados por el Congreso del Estado.
El desistimiento también se presentó en medio de la salida de prisión del exsecretario general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Juan Edy G. C., detenido por presuntos delitos contra la administración de justicia.
Aún cuando no fue absuelto, enfrenta su proceso legal en prisión domiciliaria desde el pasado 11 de agosto, tres días después de que, Velasco Alcántara, presentara su desistimiento.
La situación jurídica del ex secretario de acuerdos, cambió luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares, tras permanecer en prisión preventiva dos semanas, al ser vinculado a proceso en el penal de Tanivet, Tlacolula. Fue detenido el pasado 28 de julio.
Juan Edy G. C., fue detenido en el municipio conurbado de Santa María Atzompa por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes ejecutaron la orden de aprehensión emitida por el juez a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
El pasado 27 de julio, la Comisión de Receso de la Suprema Corte, otorgó una suspensión contra el decreto por el que se sustituía al Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.
Al admitir a trámite la controversia constitucional 396/2023, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena determinaron que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca siguieran en el cargo.
Este recurso fue presentado por Velasco Alcántara.
“Se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita”, explicó.
Asimismo, detalló que se tiene que seguir el procedimiento judicial, por lo que la controversia deberá ser analizada por el resto de los ministros de la SCJN antes de declarar la invalidez del decreto impugnado.
