Redacción El Piñero | Corresponsalía
La jefa de familia y ama de casa, Dulce María Medina, fue víctima de una cruel estafa en la venta de dos terrenos en Loma Bonita, Oaxaca; ahora teme por represalias y vive con el riesgo de ser agredida por el abogado defraudador.
El caso de Dulce María empezó en agosto del año pasado, cuando acudió a una inmobiliaria ubicada en la calle Puebla, para adquirir dos terrenos equivalentes a 506 mil pesos, pero nunca recibió las escrituras a su nombre.
Menciona que los involucrados son conocidos personajes del municipio. El principal es el abogado de nombre Alfonso Suárez Soto de la inmobiliaria “consultores de bienes y raíces” ubicado en dicha calle Puebla.
Ella contacto a Alfonso Suárez través de redes sociales por que le interesaba adquirir dos terrenos. Uno de los terrenos está en barrio la escobeta, entre calle Colima y Querétaro, el otro se ubica en Morelos de la colonia Plan de Ayala.
La ahora víctima confío en el abogado, pero poco tiempo después se dio cuenta del engaño, pues nunca le entregaron escrituras ni nada que avalara la posesión de los predios. Ante ello, decidió emprender una demanda, sin embargo, ningún abogado ni tampoco la fiscalía local ni regional, han querido ayudarla a llevar su caso. Solo le dicen que no fue fraude, y que no pueden hacer nada.
La señora Dulce detalló que en la Fiscalía le negaron la atención pese a tener la carpeta de investigación 6361, le aseguran que ya prescribió su caso y no se puede hacer nada.
Incluso, contrató al licenciado Alejandro Alfaro Gallego su supuesto abogado que, luego de conocer a Suárez Soto, desistió de llevar su caso y solo le quitó dinero.
El calvario para Dulce María no termina, no encuentra solución ni justicia, y hoy vive entre la desesperación y el miedo, ya que tras denunciar e insistir, fue amenazada por los acusados para desistir e incluso, fue orillada a abandonar Loma Bonita.
Su caso sin recibir atención de las autoridades se advierte como una sucia justicia en el gobierno “humanista” de Salomón Jara Cruz. Hoy la agraviada pide a la Fiscalía General del Estado, a las autoridades de Derechos humanos de Oaxaca y al mismo Gobernador volteen a ver si caso y la ayude a recuperar su patrimonio familiar de 20 años.
