•El 2014 fue el peor año en materia de seguridad para el municipio de Agua Dulce
•Nunca antes ni después se registraron hechos delictivos de alto impacto
•Fueron negados por Javier Duarte de Ochoa, pero hubo señalamientos a la Policía Estatal de Arturo Bermúdez Zurita
Por VIOLETA SANTIAGO
Agua Dulce, Ver.- Agua Dulce, dueño de la última costa veracruzana, tierras bañadas con las aguas del río Tonalá que divide a la entidad con Tabasco, asentamiento que nació y se desarrolló al par de la industria petrolera, pasó de ser un pueblo en el que todos se conocían a un escenario de enfrentamientos, ejecuciones y hallazgos, un lugar en el que desde entonces la tierra no ha parado de escupir cadáveres, reafirmando la premisa popular de que Veracruz es una gigantesca fosa clandestina.
Era el año 2014 cuando la huella sangrienta del crimen se extendió hasta el último rincón del sur de Veracruz, una ciudad olvidada de apenas 46,010 mil habitantes según datos del último censo de población del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que sólo llegaba a ser noticia más allá de la prensa regional cuando ocurría alguna inundación.
En los años previos al ingreso al auge de la delincuencia, las noticias que sorprendía a los hidrómilos —gentilicio de la ciudad— eran referentes a algún crimen ‘pasional’, robos a casa habitación o fraudes entre vecinos. Si bien entre el 2010 y el 2013 ya se registraban algunos hallazgos en la carretera federal 180, ubicada a más de 10 kilómetros de la cabecera municipal, la violencia no alcanzó su mayor impacto hasta el 2014, tiempo en el que comenzó el verdadero infierno.
Antes de los 43 Ayotzinapa, antes de los 5 de Tierra Blanca, en el 2014, en Agua Dulce se gestó una serie de desapariciones y ejecuciones que llegaron a ser negadas por Luis Ángel Bravo Contreras, entonces Procurador de Justicia de Veracruz y Fiscal General en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, que pretendía quedarse 8 años en el cargo, pero que renunció con el cambio de Gobierno estatal.
Pero aún con la transición, la mayoría de los desaparecidos permanece en el mismo estatus: sin paradero, sin información; para las familias ‘con suerte’, sus hijos, hermanos, padres, sobrinos o cónyuges han sido encontrados en una fosa clandestina, con lo que pueden reclamar el cuerpo y proceder a realizar un entierro digno. Al resto, hoy nadie los busca, no hay protestas, colectivos o movimientos, no hay toma de carreteras ni brigadas de búsqueda, de modo que el municipio se erige como escenario de una realidad que se vive en todo Veracruz, en donde unos pocos han tomado el valor de buscar a sus víctimas por cuenta propia para terminar con la incertidumbre.
El contexto de las desapariciones y ejecuciones ocurridas en el municipio sureño tuvo dos vertientes principales: entre enero y marzo de 2014, por la ‘ola de levantones’ se adjudicó la responsabilidad a elementos de la Policía Estatal de Arturo Bermúdez Zurita, de acuerdo con declaraciones ministeriales en las que se relacionada a esta corporación; el resto de los casos —que ocurrieron después del cambio del delegado regional de la SSP— presuntamente están relacionados con acciones de grupos criminales que generarían decenas de muertes desde entonces.
La importancia de Agua Dulce para la delincuencia va de la mano con su ubicación estratégica: colinda al norte con Coatzacoalcos, la segunda ciudad más importante de Veracruz y con el Golfo de México; al este con el estado de Tabasco; y al sur con Las Choapas y al oeste con Moloacán.
Si bien antes y después del 2014 se registraron hechos de alto impacto en este municipio sureño, jamás como en aquel año se presentaron tantos casos de homicidios dolosos y desapariciones forzadas, casos que han quedado olvidados para las autoridades ministeriales de Veracruz.
Agua Dulce: panteón clandestino
Con datos de las investigaciones abiertas en el ahora extinto Ministerio Público de Agua Dulce en el 2014, en orden cronológico, las víctimas relacionadas con las desapariciones forzadas u homicidios dolosos son: 3 de enero, Erick Estrada Cadena, investigación AGUA/004/2014 por desaparición; 12 de febrero, AGUA/034/2014, Otoniel Fabre Torres, hallazgo en la carretera federal; 13 de febrero, AGUA/036/2014, Pedro Ángel Alejandro Garfias, desaparecido; 13 de febrero, AGUA/037/2014, Carlos “N”., desaparecido y único caso resuelto (apareció con vida); 10 de marzo, 13 de febrero, AGUA/111/2014, fosa clandestina con dos cuerpos: Jordany Miguel Aguilar Cancino, de Nanchital, y Antonio Pineda; 12 de junio, AGUA/ 168/2014, Sergio Manuel Aguilar García, desaparecido; 13 de junio, AGUA/169/2014, Luis Felipe Martínez Rivas, desaparecido; Andrés Leyva Ordóñez, quien fue ‘levantado’ en febrero junto con Carlos “N”, Pedro Alejandro y otras 7 personas más, para ser liberado en marzo y vuelto a desaparecer el 12 de junio; 27 de junio, AGUA/189/2014, Moisés Clara Martínez, hallazgo en un camino ejidal; 6 de agosto, AGUA/250/2014, se encontraron restos óseos; 18 de agosto, AGUA/265/2014, Eder Yamir Sánchez Martínez, desaparecido; 25 de agosto, AGUA/276/2014, fosa clandestina en la que se encuentra a Santiago Gómez Ortiz, taxista de Las Choapas; 26 de agosto, AGUA/278/2014, fosa clandestina con una osamenta (no identificado) y dos cuerpos correspondientes a Armando Álvarez Clemente y William Córdova Iglesia, ambos de Las Choapas; y el último caso del 2014, el 28 de octubre de 2014, con el expediente AGUA/368/2014, por la desaparición de Jesús Gilberto García May.
Hasta antes del 18 de julio de 2014, el delito de desaparición forzada (Artículo 318 Bis.) no existía en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que los casos tempranos que se generaron en Agua Dulce —a pesar de haber señalamientos presunta participación de corporaciones policíacas— fueron atendidos sólo como desaparición de personas; en el caso de las fosas, cuando se inhuman los cuerpos o se encuentran (hallazgos), las investigaciones se persiguen por el delito de homicidio.
De acuerdo al oficio FGE/UAI/258/2016 que se generó por la solicitud de información de folio 00188316 realizada por medio del sistema INFOMEX Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el número de investigaciones que fueron iniciadas por desaparición de personas en el año 2014 “asciende a: 951; de estas, las iniciadas por desaparición forzada son 31, a su vez, de dichas investigaciones, las que corresponden a las ciudades de: Agua Dulce: 1” [Sic]. El mismo documento agrega que en ese período se abrieron 487 investigaciones por el delito de homicidio doloso, de los cuales apenas dos corresponden al municipio hidrómilo. Estos últimos números coinciden con el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre la “incidencia delictiva del fuero común 2014”, que sólo persigue el número de investigaciones abiertas, mientras que la base de “datos abiertos de de víctimas del fuero común” para el delito de homicidio, en el 2014, arroja un total de 569 víctimas en Veracruz, encima del promedio nacional de ese año.
Sin embargo, los datos entregados por la Fiscalía General al SNSP y que se dieron como respuesta a solicitudes de información difieren del número de denuncias realizadas ante el Ministerio Público de la localidad, puesto que de acuerdo a los folios abiertos en 2014, en Agua Dulce se registraron 8 desapariciones relacionadas con el crimen organizado o emprendidas por autoridades policíacas y se iniciaron 7 expedientes por homicidio, entre fosas clandestinas y cuerpos expuestos, que acumulan 10 víctimas, en contraste con 1 caso de desaparición forzada y 2 homicidios que registra la Fiscalía.
De los expedientes por desaparición anteriormente señalados, son tres los relacionados con elementos de la Policía Estatal que entonces se encontraba en la región y que fueron cambiados en los meses posteriores: el de Pedro Ángel Alejandro Garfias, Carlos “N” y Andrés Leyva Ordóñez.
La ‘ola de levantones’ de febrero estuvo relacionada estrechamente con la búsqueda de responsables que el Gobierno del Estado emprendió por el caso del periodista Gregorio Jiménez, plagiado casi afuera de su domicilio en villa Allende, y que fue encontrado el martes 11 de febrero en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas. En ese período, con diferencia de días, se desataron las desapariciones forzadas no sólo de estas tres personas sino de media docena más en Las Choapas, Nanchital y Agua Dulce, incluidos menores de edad.
Uno de los casos que ejemplifica este período es el de Carlos “N”, taxista de entonces 25 años de edad que fue plagiado frente a su casa, en la vivienda de su madre, hasta donde dos sujetos llegaron y lo sometieron. Dos sujetos lo golpearon con la culata de las armas largas que portaban y dichos sujetos iban uniformados con uniforme similar al que usan los Policías Estatales, de color azul marino; traían puestos chalecos, similares a los de “antibalas” y todos portaban armas largas, según la declaración de los hechos. Aunque sus familiares intentaron ayudarlo, fueron amenazados por los sujetos, que finalmente metieron a al taxista a la cajuela de un automóvil Volkswagen, de color blanco. Su familiar abordó un taxi y persiguieron al Jetta por toda la ciudad hasta la carretera estatal Agua Dulce–El Burro que conecta al municipio con la carretera federal 180. Poco antes de llegar al entronque con la autopista, el vehículo de los plagiarios se detuvo y vieron cómo sacaban al plagiado de la cajuela y según lo pasaron a una patrulla de la Policía Estatal. La familia se trasladó hasta la base de la delegación XII de la Policía Estatal ubicada en las Choapas, en donde una persona reconoció a uno de los elementos que participó en el ‘levantamiento’ de Carlos “N”, pero los policías negaron tenerlo en la delegación y aseguraron que la patrulla señalada estaba en recorrido.
El taxista fue encontrado con vida el 6 de marzo junto con 8 personas de Agua Dulce y Las Choapas, entre los cuales estaba también Andrés Leyva Ordóñez, este último, quien volvió a ser plagiado el 12 de junio de 2014 cuando se trasladaba en un autobús desde la ciudad de Agua Dulce rumbo a su domicilio en Las Choapas. Sin embargo, no regresaron todos los desaparecidos de aquella ‘primer ola’ o de lo que se conoce como las secuelas del caso ‘Goyo, pues todavía quedan varias personas de las que se desconoce su ubicación’, tal como una jovencita de apenas 14 años de edad, habitante de Las Choapas, que presuntamente habría sido detenida por elementos estatales en Agua Dulce.
Casi dos meses después, el 13 de abril, se encontró una fosa clandestina en el rancho “Santa Bárbara”, en la colonia El Naranjal. Aunque oficialmente los datos señalan que se exhumaron dos cuerpos de personas del sexo masculino, en el lugar también se descubrió el cuerpo de una persona del sexo femenino, según indicaron en su momento uniformados de la Marina Armada, pero este presunto hallazgo no se adjuntó al reporte oficial y no aparece dentro de las estadísticas. Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue consultada sobre el caso en la solicitud de información 0000700103516, pero negó tener información de esa y el resto de las fosas hasta entonces, de acuerdo con la respuesta emitida a través del oficio 3383 en el que se indicó que “a partir del 21 de febrero de 2014, esta secretaría ya no da continuidad a la estadística sobre este rubro”, por lo que desde entonces “al localizar un predio en el que presuntamente se encuentren cadáveres inhumados de forma clandestina, se limita únicamente a preservar el lugar del hallazgo, informando inmediatamente a la autoridad ministerial”.
El segundo evento más perturbador del 2014 y que volvió a enfocar los reflectores de la prensa nacional sobre Agua Dulce se registró en agosto, cuando se encontraron los restos inhumados de 4 personas. Las investigaciones AGUA/276/2014 y AGUA/278/2014, del 25 y 26 de agosto, iniciaron cuando un elemento de la Policía Estatal —bajo el mando de un nuevo delegado, designado después de cambios hechos en la corporación a raíz de la primera ola de desapariciones— ubicó una serie de fosas clandestinas en el rancho de “los alacranes”, que está a más de medio kilómetro en un camino de terracería que parte de la carretera Agua Dulce–Tonalá, y en las cuales se ubicaron los restos de tres habitantes de Las Choapas. De forma similar al caso de la colonia El Naranjal, se encontraron cuatro fosas, pero sólo se entregaron 3 de cuerpos, mientras que una osamenta quedó sin identificación.
A pesar de que en el lugar estuvieron medios y autoridades como el entonces titular del Ministerio Público investigador de Agua Dulce, el comandante de la Policía Ministerial, peritos de la Fiscalía General del Estado, el entonces delegado de la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano, además de la existencia de material fotográfico, el Procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, negó la existencia de los hallazgos y señaló que era “rumorología”, declaración que fue retomada a nivel nacional y estatal mientras se contrastaban las pruebas encontradas en Agua Dulce.
LOS QUE NUNCA REGRESARON
Érick Cadena Estrada fue “levantado” de su hogar en medio de un mar de gritos, palabras altisonantes y amenazas. El expediente AGUA/004/2014 se abrió cuando se denunció su desaparición a manos de tres hombres, de los cuales dos portaban armas largas y uno llevaba un arma corta. Aquel 4 de enero de 2014, a las 15:00 horas, Erick Cadena, de 30 años, estaba en su domicilio cuando “encapuchados de la cara con los dibujos de calavera” llegaron a su casa y lo obligaron a hincarse, para luego golpearlo y llevárselo. Este primer caso representó el prefacio del año más sangriento para Agua Dulce.
En noviembre de 2014, la búsqueda de Erick Cadena se reabrió, ahora en una fosa, luego de que la familia recibió la supuesta ubicación del cuerpo en un rancho de la colonia Mil Cinco. Sin embargo, por falta de recursos e interés, el entonces fiscal del Ministerio Público suspendió la búsqueda al no encontrarse el cuerpo durante una primera jornada organizada el jueves 27 de noviembre.
Esta investigación ministerial continúa en trámite, según el oficio FGE/UAI/221/2016 en respuesta a la solicitud de información número 00188416, pero la búsqueda no se ha reabierto, además de que la ficha con los datos personales y la fotografía de Cadena Estrada que se encontraba en un registro de personas desaparecidas en la página “sitiosappver.veracruz.gob.mx” ya no está disponible, de modo que ahora no sólo está desaparecido físicamente, sino que también está fuera del sistema que compuesto por 286 páginas en las que hay 5702 nombres (consultado en el 2016), entre casos de Veracruz y colaboraciones con otros estados y cuyos casos más antiguos datan de finales de la década de los 90’s.
Por otro lado está el caso de Pedro Ángel Alejandro Garfias, quien fue desaparecido por presuntos policías. Pedro Garfias (investigación AGUA/036/2014) nació en Agua Dulce y después de alcanzar la mayoría de edad se mudó a Ciudad del Carmen, Campeche, para trabajar como cocinero en las plataformas petroleras. Por cuestiones personales, ya con 37 años de edad, regresó a Agua Dulce, pero no encontraba trabajo en la ciudad. La mañana del 13 de febrero salió de su domicilio en la colonia El Pajaral y recorrió los callejones de la colonia Puebla, la ‘zona de tolerancia’ de la ciudad, para llegar a la calle principal, pero en el camino lo invitaron a tomarse “una cañita”. Según contaron sus familiares en una entrevista sobre el caso, Pedro no había logrado ningún contrato desde hacía un tiempo, así que cuando un desconocido le ofreció 500 pesos para pegar unas hojas tamaño carta en las paredes del centro de la ciudad, aceptó. En lugar de terminar el trabajo, Pedro le dio 50 pesos a otra persona, que padece de sus facultades mentales, y siguió bebiendo con sus amigos. De un coche rojo bajaron tres personas, lo ubicaron en el callejón Teziutlán, entre Cholula y Zacatlán, y lo persiguieron hasta decirle “párate, Miguel”. Debido a que escuchó un nombre distinto al suyo, no les hizo caso, hasta que los hombres empezaron a disparar. Pedro logró ingresar al domicilio de su tía, en esa colonia, pero los hombres armados fueron tras él y dispararon en el interior, pero logró volver a escapar de sus perseguidores. Finalmente, en el callejón Niño Artillero, una bala le alcanzó el hombro y dejó rastros hemáticos en la pared de un comercio, a pocos metros de llegar a la calle principal de la ciudad. Como pudo, cruzó la calle Francisco I. Madero e ingresó a un consultorio de las Farmacias de Similares, en donde cuando apenas iba a ser revisado, los sujetos ingresaron al lugar y se lo llevaron. Los rastros de lodo y sangre fueron revisadas por peritos de la Fiscalía y se incluyeron como pruebas de la persecución y plagio de Alejandro Garfias.
Según creen sus familiares, el ciudadano habría sido confundido con otra persona por colocar una serie de volantes con información en contra de un comandante de la Policía Estatal. El volante era realmente una hoja tamaño carta y fotocopiada, en la que en el extremo inferior derecho destacaba la foto del elemento policíaco y que exponía una serie de presuntas acciones ilícitas emprendidas por dicho agente.
Familiares del hidrómilo desaparecido participaron en marchas y protestas sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa durante las semanas posteriores al plagio, no obstante, la falta de recursos impidió que continuara su participación. El panorama para esta familia se complicó cuando la mayor parte de los hombres y mujeres que fueron plagiados en la ‘ola de febrero’ aparecieron con vida en marzo. Uno de los hombres que regresó con bien explicó a la familia Garfias que nunca supieron en dónde estuvieron ni pudieron ver a las otras víctimas, pero alcanzó a escuchar que no todos serían liberados y que uno de ellos tenía una herida de bala.
Un duelo similar es el que vive Ana Isabel Rivas Guzmán, a más de tres años de la desaparición de Luis Felipe Martínez Rivas; su madre se ha resignado a la idea de que su hijo pueda estar muerto, pero mantiene la esperanza de encontrar —cuando menos, admite— su cuerpo para poder sepultarlo. Sentada en el porche de su casa, llora constantemente sin dejar de narrar el último día que vio a su hijo, de entonces 19 años de edad.
Luis Felipe —‘Pipe’, de cariño— usaba su motocicleta para repartir pollo a domicilio y comercios de la ciudad. Apenas terminó la secundaria dejó el estudio de lado para ayudar a su madre, pues esta fue abandonada por su pareja y quedó sola a cargo de tres hijos. Aquel 13 de junio de 2014, Felipe regresó al mediodía a visitar su madre en la colonia Kilómetro Dos y la saludó como de costumbre: “¿Chulada, qué haces?” El joven tenía apenas unas semanas de haberse separado de su novia, con la que tenía un hijo recién nacido, de modo que Ana Rivas recuerda que la tristeza se reflejaba en sus ojos. Al preguntarle por qué estaba tan triste, él le contestó: “Nada, chulada, sólo me peleé con mi negra”. El muchacho se despidió, pero antes de cruzar el portón de alambre y palos se detuvo, abrazó a su madre y la besó. 4 horas más tarde sonó su teléfono celular: “Oye Ana, Felipe desapareció”, le dijeron de golpe; al preguntar un poco más, agregaron que se lo habían llevado. La investigación ministerial con folio 169/2014 revela que la última vez que envió un mensaje fue a las 13:00 horas, cuando su patrón le pidió que se apurara para repartir unos pedidos; la conversación fue breve, pero de improviso, Luis Felipe dejó de contestar. La última vez que fue visto en línea fue a las 16:59. Presuntamente se lo llevaron, a plena luz del día, en las inmediaciones del mercado campesino de Agua Dulce, una de las zonas con mayor afluencia de personas. Más tarde, ese día, cuando empezó a repartir volantes por la ciudad “me dijeron: guarda tu foto y regrésate a tu casa”.
Ana Isabel comenzó el mismo proceso que en los últimos 6 años, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, miles de personas han realizado para denunciar y encontrar a sus desaparecidos. Desde entonces, frente a su figura ha desfilado un sinnúmero de cadáveres putrefactos, cabezas con el tronco faltante, cuerpos con miembros amputados y huesos limpios de carne, símbolo de un largo tiempo bajo tierra. En todos los casos ella ha movido la cabeza en forma de negativa, pues no ha encontrado a su ‘Pipe’. Si bien niega abiertamente que su hijo estuviera involucrado en cuestiones del crimen organizado o del narcotráfico, pues señala que el muchacho no había cambiado, se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar y llevaba una vida humilde, también admite que su hijo pudo haber tenido amistades peligrosas.
Aunque una parte de su corazón implora que siga existiendo, pues se esperanza diciendo “donde yo no lo he encontrado, quiere decir que está vivo”, la mayor parte de su ser le grita por dentro que su hijo está muerto. Cuando se le pregunta si se ha acercado a otras familias en su misma situación, responde que no, pues aunque quiere justicia tiene miedo por el resto de sus hijos, además de la falta de recursos: por eso, en Agua Dulce, no hay colectivos ni brigadas de búsquedas, a pesar de la cantidad de casos sin resolver.
“Quiero encontrarlo como sea, enterrarlo y tener donde ir a llorarle, pues es muy duro. A veces me ven reír, me ven alegre, pero por dentro me estoy derrumbando. ¿En dónde está? ¿Con quién anda? ¿Por qué?” Ana Isabel Rivas no puede continuar hablando debido al llanto que la invade. En el mismo portón en donde vio a su hijo por última vez, Ana suspira y confiesa que a veces piensa que le darán la noticia de que su hijo ya había aparecido y mientras tanto sigue esperando. Y también, de cualquier forma, ella conserva el mismo número de teléfono por si algún día le habla su hijo.
IMPUNIDAD
Los datos proporcionados por la Fiscalía General de Veracruz (FGE) advierten que del año 2014 al 2015 las desapariciones en Veracruz aumentaron un 62.8%: mientras que se registraron 951 desapariciones en el 2014, apenas un año después, la incidencia aumentó a 1548 casos, de las cuales, en toda la entidad, la Fiscalía apenas reconoció 15 de los hechos dentro delito de desaparición forzada.
A dos años de sus desapariciones, los casos de Erick Cadena Estrada, Sergio Manuel Aguilar García y Luis Felipe Martínez Rivas se mantienen en “trámite” para la Fiscalía General del Estado, con base en la información entregada en el oficio FGE/UAI/221/2016 en respuesta a la solicitud de información 00188416.
Es más, el oficio 258/2016 de la Unidad de Acceso a la Información de la FGE, en respuesta a la solicitud 00188316, provee evidencia de la impunidad que prevalece sobre los 8 casos de desaparición forzada que se registraron en Agua Dulce durante el 2014 y los que se acumularon durante los años consecuentes: “Respecto a “sentencias” dictadas por el delito de Desaparición Forzada de años 2014 y 2015 en la entidad, hago de su conocimiento que a la fecha no hay sentencias dictadas dentro de las cusas [sic] penales que se instruyen por éste delito, toda vez que se encuentran en trámite y ninguna corresponde al Distrito Judicial de Coatzacoalcos”. En otras palabras, la FGE de Javier Duarte de Ochoa—a lo máxime— se limitó a ubicar cadáveres y entregarlos a sus familiares, pero no a investigar y sentenciar a los responsables.
El mismo documento también agrega que: “Por cuanto hace a las “sentencias” dictadas en el año 2014 y 2015, por el delito de Homicidio Doloso, cometido en los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce y las Choapas, cuyas causas penales debieron consignarse a los Juzgados de Primera Instancia de Coatzacoalcos, en el año 2014 fueron dictadas 44 sentencias condenatorias y 22 en el año 2015”.
Al aumento de las desapariciones en Veracruz, la disminución del reconocimiento del delito de desapariciones forzadas por parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y la impunidad de los responsables de las desapariciones y ejecuciones, se le debe sumar el hecho de que con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en el sur de Veracruz, todos los casos generados antes de noviembre de 2015 pasaron a formar parte del archivo de rezago. De modo que los expedientes relacionados con los hechos de sangre que empañaron la tranquilidad de una ciudad, ahora están almacenados en las antiguas oficinas del Ministerio Público de Las Choapas, ubicado en el Bulevar México, colonia México, en lo que actualmente integra la subunidad de rezago.
El nuevo sistema penal no sólo se llevó la mayor parte de las investigaciones, sino que también dejó a la ciudad de Agua Dulce sin una agencia (ahora microunidad) de la FGE, de modo que desde noviembre de 2015 los pobladores deben acudir hasta el municipio de Las Choapas, ubicado a 30 kilómetros, para poder integrar una denuncia penal.
Los años 2015, 2016 y 2017 no han dejado de ser sangrientos para Agua Dulce, en el que si bien las desapariciones a manos de las autoridades se detuvieron, las ejecuciones y hallazgos persisten en el imaginario local; sin embargo, la herida más grande para la ciudad, en aquel 2014, quedó oculta bajo una serie de procedimientos burocráticos y cambios ordenados desde la Fiscalía junto con la pobreza y el miedo de las familias afectadas.
El caso de Agua Dulce, una ciudad trastornada en su vida diaria a causa del narcotráfico, quizá no es el más grave, ni el más conocido, pero representa un ejemplo de una situación que prevalece en la mayoría de los 212 municipios veracruzanos, desde el menos poblado hasta las urbes como Coatzacoalcos, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Poza Rica o el puerto de Veracruz. El campo o la ciudad, las carreteras, puentes, playas o ranchos se han convertido en escenario de hallazgos y mensajes de los grupos criminales que aseguran su prevalencia y amenazan a los contrarios.
La frase más conocida de Rubén Espinosa, fotógrafo exiliado (y posteriormente asesinado) en el Distrito Federal luego de recibir amenazas por su trabajo desempeñado en Veracruz y quien, según el libro del periodista veracruzano Noé Zavaleta, El infierno de Javier Duarte, molestó a Javier Duarte con sus fotografías, dijo que “la muerte escogió a Veracruz como su casa y decidió vivir ahí”. Y entonces la frase se recuerda con cada nuevo cuerpo enterrado, exhumado, buscado u oculto, en espera a ‘convertirse’ en persona: un nombre y una tumba para poder llorar.