ALCOZACÁN, Gro. (proceso).- Desde hace un año las guardias comunitarias de comunidades indígenas están abiertamente confrontadas con el grupo delictivo Los Ardillos en la región de La Montaña Baja, zona de Guerrero donde parece imperar la Ley del Talión. El conflicto ya provocó, extraoficialmente, casi un centenar de muertes, el desplazamiento de cientos de pobladores y un número indeterminado de desapariciones.
Ante la indiferencia de los gobiernos estatal y federal, niños huérfanos comienzan a implicarse en la guerra de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la mencionada banda criminal.
La matanza de 10 campesinos el viernes 17, en la parte serrana del municipio de Chilapa, exhibió el desinterés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en resolver el problema, que se agudizó hace un año.
A decir del coordinador de la guardia comunitaria, David Sánchez Luna, hasta el momento 26 miembros de su organización han sido asesinados (16 el año pasado y los 10 del viernes 17) y dos más están desaparecidos, además de las decenas de habitantes obligados a refugiarse en otras comunidades, como Rincón de Chautla.
Pese a que han denunciado estos hechos ante las autoridades ministeriales, ninguno ha sido esclarecido, dice el líder comunitario.
Además de no proceder contra los criminales, recuerda Sánchez Luna, la autoridad giró órdenes de aprehensión contra miembros de la CRAC-PF por el enfrentamiento del 27 de enero de 2019, cuando los guardias comunitarios emboscaron al menos a 300 pistoleros de Los Ardillos que intentaron tomar Rincón de Chautla.
El saldo oficial de esa refriega es de 17 muertos, pero los pobladores consultados por el reportero afirman que son 60, todos de la banda criminal, por lo que ésta desató la actual escalada de agresiones contra la CRAC-PF.
Por ese motivo Sánchez Luna atribuye la indolencia federal y estatal a una supuesta protección a Los Ardillos, que dirige Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega. Los pobladores le atribuyen a la misma organización delictiva numerosos asesinatos de indígenas en Chilapa y Hueycantenango.
Tras la matanza de los 10 campesinos, entre quienes se encontraban algunos integrantes del grupo Sensación Musical, guardias comunitarios y pobladores bloquearon del viernes 17 al viernes 24 la carretera que conecta los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa, a fin de exigir justicia.
Días después los dirigentes de la CRAC-PF presentaron a 19 menores de entre seis y 15 años –la mayoría huérfanos de esta guerra– armados y dispuestos a integrarse a la guardia comunitaria, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador el desmantelamiento de Los Ardillos.
El grupo criminal desde el año pasado tiene sitiadas las 16 comunidades donde tiene presencia la guardia comunitaria para impedir la entrada de víveres y el desplazamiento de personas hacia las cabeceras municipales de Chilapa y Hueycantenango.
Fragmento del texto publicado en la edición 2256 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Comentarios
