Oaxaca México.- La ex directora del extinto Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) en el gobierno de Gabino Cué, Anabel López Sánchez, ha lucrado con supuestos casos de violencia de género en Oaxaca para generar beneficios a su organización Colectivo por la ciudadanía de las mujeres. Los casos de Yareli Cariño López, en Pinotepa Nacional y la presidenta Irma Aguilar, en San Pedro Atoyac, han sido presentados en forma sesgada a la opinión pública y omitido datos que dan cuenta de otro panorama que dista de casos de violencia de género. En contraparte, algunos casos que sí se configuran como violencia política, han sido soslayados por este grupo de la activista, quien durante su paso como funcionaria tampoco atendió. Anabel López Sánchez fue la cuota del ex gobernador Gabino Cué a las organizaciones no gubernamentales que lo apoyaron durante su campaña, espacio desde el que manejó recursos públicos con opacidad y para afianzar solo a las organizaciones afines. Poco antes de que concluyera la administración de Gabino Cué, Anabel López hizo un recorrido por las regiones de la entidad, con el objetivo de posicionarse como defensora de los derechos de las mujeres y ubicar casos que le dieran rentabilidad y permanencia.
PINOTEPA, DISPUTA FAMILIAR
Anabel López Sánchez y Yareli Cariño López, quien es abogada y vive en la ciudad de Oaxaca, tienen una relación cercana, de la cual derivó la defensa y tergiversación del caso. Lo que no se ha dicho de este caso es que Yareli Cariño López es sobrina de Guillermo García Cajero, presidente municipal de Pinotepa Nacional. Según datos recopilados de varias fuentes, Yareli Cariño pidió a su tío participar en política y como legalmente no está impedida aunque son familiares directos, le dieron el número 2 de la planilla que registraron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPO), en un acuerdo que llevaba ventaja por ser familiares. “Su incorporación la propuso el entonces candidato Guillermo García Cajero y nosotros estuvimos de acuerdo porque la composición la realiza el candidato”, dijo una fuente del PRD. Sin embargo, por decisión del Cabildo, la sindicatura le correspondió a Blanca Miguel Peláez, una mujer a quien Yareli cuestionó por la supuesta falta de capacidad para ocupar el cargo. Apoyada en el grupo de activistas, inició una supuesta defensa para señalar que le obstruían su toma de posesión, aún cuando había aceptado un acuerdo interno para ser regidora de desarrollo social, cargo en el que se acreditó. Aún así, por el despliegue informativo de las activistas, Yareli Cariño López se presentó como víctima, cuando la número 2, quien ocupa la sindicatura en el ayuntamiento de Pinotepa Nacional, es precisamente una mujer. “Por la recomendación de su tío se aceptó que fuera parte de la planilla, aunque ella no vive en Pinotepa, vive en la ciudad de Oaxaca”, dijo una integrante del Cabildo. También mencionaron que en ningún momento le impidieron que asumiera el cargo, ya que lo que ella reclamaba era la sindicatura.
SAN PEDRO ATOYAC, ACUERDOS INCUMPLIDOS
El caso del municipio de San Pedro Atoyac también tiene matices que no han sido dicho por quienes argumentan violencia política contra las mujeres. En este municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el militante del PRD, Gabriel Ángel Guzmán inició su proselitismo con miras a contender por la presidencia municipal. Tal es así que solicitó su registro como precandidato y fue registrado ante el IEEPO como candidato a primer concejal en el ayuntamiento de San Pedro Atoyac. Sin embargo, en mayo de 2016, el Instituto Nacional Electoral (INE) observó diferentes planillas registradas a los ayuntamientos por incumplir la paridad de género en la integración. Gabriel Ángel Guzmán presentó ante el consejo de ancianos la propuesta de cambio en la planilla y recomendó a su tía, por ser una persona de confianza, es decir, Irma Aguilar. La asamblea y el consejo de ancianos aceptó que Irma Aguilar sustituyera a su sobrino como número 1 de la planilla y este ocupara el número 2, previo acuerdo de que se respetarían espacios comprometidos para la integración de la planilla. Durante sus recorridos como todavía directora del IMO, Anabel López conoció el caso y lo asumió como activista señalando que podían quitarla; aún cuando en esa asamblea que acordaron postularla se había dicho que no podía haber cambios posteriores si el PRD ganaba el Ayuntamiento. De ahí que fue uno de los primeros casos en ventilar en medios el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, organización que representa Anabel López, quien tuvo diferencias con los grupos del PRD al ser postulada como candidata a una diputación. Estos dos casos han llamado la atención de la prensa internacional y de organismos de defensores de los derechos humanos, sin que se diga en ambos que las involucradas son familiares de quienes acusan y que han sido utilizadas para mantener vigente el activismo de Anabel López.
LA CONTRADICCIÓN
Aunque es un hecho que la violencia de género en el ámbito político es real en comunidades de Oaxaca, otros casos menos redituables políticamente no han sido del interés de este colectivo. Por ejemplo, en el municipio de Santa María Zacatepec, a Rosa María Ramos Baños, quien iba en el número 2 de la planilla, la quitaron por un acuerdo con Jesús Martínez Vásquez, a quien nombraron síndico del ayuntamiento. Los cuatro primeros espacios son ocupados por varones, Josafat Sandoval Olivera, regidor de hacienda; Ramos Hugo Villa Ortiz, regir de obras, además del munícipe Denisse Guzmán Peláez y el síndico, Jesús Martínez Vásquez. A Rosa María Ramos le quitaron su espacio y la designaron regidora de desarrollo social, además de que la integración de los concejales incumple con la paridad. Otro caso que ocurrió durante la dirección del IMO de Anabel López fue el de Jacinta Aragón, suplente de la ex diputada federal Aída Valencia. Originaria de San Juan Guivini, una agencia de San Francisco Ozolotepec, Jacinta Aragón fue agredida durante una asamblea en la que pretendió participar como candidata a la presidenta municipal. El IMO guardó silencio y jamás respaldó a Jacinta, quien sigue haciendo labores de gestión en su comunidad, pero distante de la política por la violencia sufrida. También, en San Juan Bautista Lo de Soto, la intervención del diputado federal Carlos Sarabia en la integración del Cabildo le quitó la posibilidad de participar a dos mujeres a las que les correspondía un espacio en el ayuntamiento. Estos casos no han sido atendidos por las comisiones de derechos humanos, entre otros donde no se cuenta con la intervención de activistas, quienes además reciben donativos por abanderar este tipo de cuestiones.
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