Jaime GUERRERO | El Piñero
A 8 meses de su gestión y en medio de la crisis de la recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos en el municipio de Oaxaca de Juárez, el edil capitalino, Francisco Martínez Neri, se “asesora” y le “aprueba” proyecto, al ex presidente municipal de la Villa de Mitla, Abelardo Ruiz Acevedo, investigado y denunciado por el gobierno federal, de presunta corrupción y desvio de recursos en el 2021.
Apenas éste miércoles, el Congreso de Oaxaca, pidió a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera, investigar y sancionar a las autoridades del gobierno estatal por su omisión ante los basureros clandestinos habilitados en los márgenes del Río Atoyac, en la capital del estado.
Y es que en las últimas semanas se ha observado que recolectores de basura particulares, en camiones de la CATEM, han estado depositando en las riberas del río Atoyac la basura que recogen en la capital y en otras poblaciones.
Por su parte, la Constitución establece que corresponde a los municipios el manejo integral de la basura urbana, que consiste en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final. Simultaneamente el gobierno del estado y municipal han pactado con los sindicatos depositar la basura en los margenes del río Atoyac.
En medio de la crisis, el ex presidente municipal de la Villa de Mitla, Abelardo Ruiz Acevedo, presumió en sus redes sociales que conversó con el asesor de Proyectos Verdes, Pablo Alarcón, así como Martínez Neri.
“Es grato escuchar que el proyecto planteado por un servidor es aprobado para llevar a cabo el Plan de Separación diferenciada desde casa”, presumió y con ello, exhibe que la administración de Martínez Neri, no tiene personal de perfil, rumbo y determinación para hacer frente a la crisis de basura.
En el 2021, la Secretaría de Economía del gobierno federal demandó por la vía civil al Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, así como al gobierno de Oaxaca, para que respondan por el destino de un millón 463 mil pesos, provenientes de recursos federales del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), a través del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca).
La demanda civil en contra de este municipio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca se interpuso el pasado 23 de noviembre de 2020 y fue admitida un día después en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, con el número de expediente 254/2020.
De acuerdo con el expediente, dichos recursos correspondían al Ejercicio Fiscal 2013, período en el que gobernó el municipio Alejandro Galo Bustamante (PAN) y según las reglas de operación del Fondo PYME y el convenio de coordinación entre las distintas autoridades, su aplicación tenía como objetivo “fomentar la creación, modernizaciones, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad en las empresas del sector abasto”.
Sólo en 2013, este programa se aprobó para 20 proyectos en 13 entidades del país; además, para otros ocho proyectos en municipios contemplados en el entonces Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y a 12 más que se desarrollaron en municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa ampliamente cuestionado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
“El otorgamiento de apoyos es para la construcción o equipamiento de proyectos integrales de infraestructura logística o de abasto, estudios o planes maestros para el desarrollo de proyectos logísticos, desarrollo de competencias en capital humano, modernización e innovación de sistemas logísticos y abasto”, indica la dependencia federal.
Pese a ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) señaló que el programa no cuenta con un diagnóstico que permita identificar de una manera precisa y puntual el problema de política pública que intenta resolver y que la definición de la población potencial “no incluye el problema o necesidad de las empresas del sector agroalimentario que justifica la intervención del gobierno”.
Además, determinó que el programa no documenta sus resultados a nivel de “Fin y Propósito” con estudios o evaluaciones con metodologías rigurosas que permitan medir sus efectos en la población beneficiaria, “lo cual impide conocer la efectividad del programa”.
En el caso de Oaxaca, la demanda civil contra el ayuntamiento de Mitla fue interpuesta por Carlo Magno de Jesús Gómez Gasca, Director General de Control y Procedimientos de la Secretaría de Economía del gobierno federal y le fue notificada tanto al Ayuntamiento de Mitla como al gobierno de Oaxaca por el Juzgado 1 Civil de Tlacolula. La cédula de notificación fue recibida el pasado 19 de enero por Rubí Verónica Juárez García, síndico municipal.
