Redacción EL Piñero | Corresponsalía
Perú.- Unos 6 mil barriles de crudo cayeron al mar el pasado 15 de enero, mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana y propiedad de Repsol; descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, Perú.
El hecho fue calificado como “desastre ecológico”, por lo que la fiscalía peruana solicitó este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la empresa española, la que atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
Cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas, en tanto, en la audiencia celebrada ayer jueves la cual duró casi una hora, misma que comenzó con la presentación de los argumentos por parte de la fiscal, quien explicó que Fernández-Cuesta es investigado como presunto “autor” del delito de “contaminación ambiental” y los tres coacusados como “complices”.
Los otros tres directivos peruanos de la petrolera son Renzo Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería), Gisela Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Seguridad). La fiscalía ha dicho que “es necesario” además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos.
“Esta fiscalía considera y es preciso que estos imputados permanezcan dentro del territorio nacional a objeto de asegurar el esclarecimiento de estos hechos”, dijo Gonzales en la audiencia virtual.
“Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas… que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento”, añadió.
Tras las exposiciones de la fiscal y los defensores, Aguedo, juez de Investigación Preparatoria de Ventanilla, anunció que entregará su resolución este viernes a las 8:00h locales (13:00h GMT).
El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española. Los más afectados del derrame de petróleo en las Playas de Perú, fueron los animales en especial las aves marinas.
El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental “tiene una penalidad de 4 a 5 años”. Sin embargo, aclaró que el delito “en agravado puede subir de 6 a 7 años”, pues los jefes de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo “información falsa” sobre el derrame a las autoridades.
Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido “seis galones” de crudo (24 litros)”, pero después se comprobó que eran unos 6 mil barriles (casi un millón de litros).
