Redacción El Piñero | Jaime GUERRERO
En sólo 24 años la disponibilidad de agua por persona registró una disminución del 20 por ciento. Mientras que en el año 2000 ésta ascendía a los 4 mil metros cúbicos (m3), para el año 2023 el agua se redujo a los 3.2 mil m3.
De continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación, señala el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en su informe “La Gestión del agua no es una prioridad en México”.
En éste indica que México vive una crisis hídrica que, al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales principalmente en las regiones del norte y centro del país.
El incremento en las sequías -señala- es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país y que ha transformado los patrones de precipitaciones pluviales al igual que el aumento de las temperaturas. En los últimos 20 años México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 °C.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el primer eslabón para un andamiaje institucional adecuado que haga frente a la nueva realidad es modernizar la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México.
“La toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos –en los tres niveles de gobierno– y privados con diferentes intereses y responsabilidades. Por ejemplo, actualmente existen 2,826 organismos operadores de agua -las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales- a nivel nacional”, señaló el IMCO.
En el mismo balance destacó que existen deficiencias y un sistema obsoleto de alcantarillado y distribución de agua que van en detrimento de la gestión del vital líquido.
“Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas. En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992”, expuso.
