Redacción El Piñero
Ciudad de México, 20 de septiembre. — La historia suena más a guion televisivo que a expediente judicial, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, consiguió en 2022 que el Juez Miguel Ángel Robles Villegas le extendiera una medida cautelar con la cual suspendió el pago de una deuda que hoy ya alcanzó los 565 millones de dólares. El truco, según inversionistas de Estados Unidos, consistió en alegar que el COVID-19 aún era pretexto suficiente para no cumplir con sus compromisos.
El recurso legal, calificado por la firma asesora Akin como un “procedimiento secreto”, permitió que la televisora se mantuviera a salvo de sus acreedores, todo gracias a un expediente manejado sin notificar ni escuchar a las partes afectadas. Mientras tanto, los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner llevan tres años viendo cómo la deuda crece y cómo los tribunales mexicanos juegan a la piñata judicial, protegiendo a la empresa con argumentos que —según los afectados— se caen con solo soplarles.
La consecuencia de este entramado ya llegó a nivel internacional: en junio de 2023 los inversionistas llevaron el caso al CIADI, bajo el T-MEC, y ahora reclaman 220 millones de dólares al Estado mexicano por lo que llaman una manipulación “abusiva” de los tribunales. Es decir, que no solo la televisora se burla de sus prestamistas, sino que México entero podría terminar pagando la cuenta.
La respuesta oficial no se hizo esperar y vino con dardo incluido. La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el argumento de la pandemia ya está agotado: “Eso ya fue, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”. En paralelo, la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, estudia aceptar un diálogo directo con los inconformes para evitar que el litigio escale. En pocas palabras: mientras TV Azteca sigue transmitiendo programación, los inversionistas siguen transmitiendo facturas, y la pregunta es quién sintonizará primero la señal del pago.
