Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Pese a que en menos 7 meses la LXIV Legislatura, ha renovado a dos de tres Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer el IAIPO, creando el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno” con el cual aumentaría de 3 a 6 comisionados.
Actualmente el IAIPO, es integrado por Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, comisionado electo el pasado 22 de enero y que en el procedimiento de elección, confirmó ante diputados de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la LXIV Legislatura su afiliación al partido Morena, lo cual le valió ser elegido como cuota partidista en ese organismo autónomo.
El pasado mes de agosto del 2019, María Antonieta Velásquez Chagoya, afín al PRI y ahijada del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, fue electa comisionada.
El Comisionado Presidente del IAIPO es Francisco Javier Álvarez Figueroa, elegido por recomendación del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, en su periodo de gobierno.
Aún partidizado ese órgano autónomo, la bancada de Morena, va por una reforma constitucional para modificar la denominación del órgano de transparencia de Oaxaca y de paso depurar a los comisionados.
La iniciativa de reforma constitucional, es promovida por el diputado de Morena, Fredy Delfín Avendaño y firmada por los diputados Horacio Sosa Villavicencio, Ángel Domínguez Escobar, Leticia Socorro Collado, Mauro Cruz Sánchez, Griselda Sosa Vázquez, Migdalia Espinoza Manuel, Magaly López Domínguez, Laura Estrada Mauro, Gloria Sánchez López, Delfina Bautista Velasco, Inés Leal Peláez, Juana Aguilar Espinoza, Pavel Meléndez Cruz, Karina Espino Carmona, Alejandro López Bravo, Arcelia López Hernández y Rocío Machuca Rojas.
La iniciativa de reforma constitucional, establece en el artículo 114 que el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, la protección de datos personales, garantizar la observancia de las normas de buen gobierno, en los términos que establezca la ley”.
Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad, responsabilidad, y buen gobierno.
Destaca que su Consejo General estará integrado por un Comisionado Presidente, quien presidirá el Consejo y seis Comisionados ciudadanos, los cuáles serán designados por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación.
Durarán en el cargo siete años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine la ley en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.
El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado.
Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.
Además de delinear las atribuciones, destaca que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.
La iniciativa de reforma, pondera que el Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorifico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años.
Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.
así, a en menos 7 meses de renovación de dos de tres Comisionados del IAIPO, la bancada Morena, va por una reforma constitucional para modificar ese órgano autónomo, creando el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno” con el cual aumentaría de 3 a 6 comisionados.
