Jaime GUERRERO
Oaxaca, México. – En medio del proceso electoral federal y local concurrente, el Magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Adín Antonio de León Gálvez, señaló que por mucho tiempo las mujeres han estado excluidas del poder y las responsabilidades de toma de decisiones, por ello, es urgente la reivindicación en las leyes para diseñar medidas que introduzcan al ámbito público sus trayectorias, proyectos y expectativas.
De León Gálvez, arribó a la entidad a impartir el curso taller “Paridad libre de Violencia Política en Razón de Género”.
Destacó que existe un avance en la participación política de las mujeres, sin embargo la participación política de las mujeres ha generado la existencia de mecanismos paralelos que conducen a la violencia política por razón de género.
“Hemos sido testigos de las condiciones en las que algunas mujeres se ven en la necesidad de ejercer el poder. La escasa posibilidad que tienen de influir en la toma de decisiones y los costos que tienen que pagar cuando ocupan un cargo público o las formas tan burdas y veladas de agresión o violencia de las que son objeto”.
Por tanto, dijo, es necesario darle las herramientas existentes y las instituciones para que identifiquen los procedimientos para la defensa de sus derechos políticos electorales, de cara al actual proceso electoral y así dar paso a un defensa integral de los derechos políticos de las mujeres.
León Gálvez, recalcó que es necesario visualizar la actual violencia política contra las mujeres a fin de generar en ellas el sentido de derecho y conozcan el avance democrático por el reconocimiento de su participación en la vida política no tiene marcha atrás y existen instituciones con protocolos para defenderlas.
Los procesos electorales actuales representan la oportunidad para cambiar las malas prácticas y garantizar la participación política de las mujeres, se ejerza con igualdad y libre de violencia.
Destacó que es necesaria la participación de las mujeres en la política “lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas”.
Para ello, los órganos electorales locales, deben de generar instrumentos normativos que garanticen su acceso igualitario a la contienda política, abonando a su mayor y fundamental implicación en el debate y proceso democrático.
Ello, a través de sólidos documentos emitidos como reglamentos, lineamientos y manuales que permiten el registro paritario de candidaturas encaminados a favorecer la activa presencia femenina en la política.
“Todas y todos sabemos que por mucho tiempo las mujeres han estado excluidas del poder y las responsabilidades de toma de decisiones, por eso el derecho es una herramienta de reivindicación que ha permitido diseñar medidas que introduzcan al ámbito público sus trayectorias, proyectos y expectativas”, apuntó.
En su intervención, el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Gustavo Meixueiro Nájera, resaltó que la paridad es sólo una parte de la inclusión de las mujeres al ámbito político; sin embargo, es necesario visibilizar las cuestiones estructurales para garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
“En ese sentido, nuestro compromiso y responsabilidad es prevenir y atender la violencia y garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres”, afirmó.
El IEEPCO -precisó- está facultado para dar seguimiento a posibles denuncias, de ser el caso, tenemos diseñadas rutas de acción para canalizar a las víctimas con la autoridad competente.
“En esta elección, nos pronunciamos a actuar desde el principio, cero tolerancia. Cero tolerancia a cualquier tipo de violencia política en contra de las mujeres. Una democracia sin mujeres no es una democracia; no incluirlas o violentarlas es sin duda tratar de socavar la legitimidad de la democracia”, apuntó.
El taller estuvo dirigido a políticas, candidatas y personas defensoras de derechos político-electorales que participan en el proceso electoral de 2018, así como integrantes de las autoridades relacionadas con la atención de la violencia política en razón de género.
