Redaccion | El Piñero
Xalapa, Ver.– La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2024 obedecen a una revisión incompleta de la documentación correspondiente al último año de administración del exmandatario Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo con el tercer y último informe del ente fiscalizador, dependencias estatales registraron observaciones por más de mil 896 millones de pesos durante el ejercicio 2024. Sin embargo, la mandataria sostuvo que desde enero, cuando se emitieron los primeros señalamientos, se detectó que la ASF no analizó a fondo la totalidad de los expedientes.
En entrevista con una radiodifusora local, Nahle García explicó que solicitó al organismo fiscalizador revisar nuevamente la documentación y aseguró que enlaces del gobierno estatal, así como representantes de la administración anterior, acudieron a dar seguimiento al proceso de aclaración.
La gobernadora subrayó que, aunque Veracruz aparece entre las entidades con mayores observaciones, una parte ya fue solventada y no existe daño patrimonial, sino procedimientos administrativos en proceso de aclaración dentro de los plazos legales.
Asimismo, indicó que dialogó con el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien se comprometió a plantear el tema ante el auditor superior David Colmenares Páramo para ampliar la revisión de los expedientes pendientes.
En materia financiera, Nahle destacó que Veracruz fue la entidad que más recursos recibió por participaciones federales, al concentrar el 11.2 por ciento del total nacional, lo que —dijo— refleja disciplina financiera, incremento en la recaudación y manejo transparente del gasto.
Finalmente, la mandataria afirmó que su administración ha priorizado el pago de la deuda estatal y descartó la contratación de nuevos créditos, pese a ofrecimientos de instituciones bancarias. También adelantó que sostendrá reuniones con la Comisión Nacional del Agua para negociar adeudos municipales y establecer esquemas de pago que respalden a los ayuntamientos.
