Jaime GUERRERO | El Piñero
Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de los Programas para el Bienestar, ha encabezado una campaña de golpeteo político y mediático contra el gobernador Salomón Jara Cruz, y el secretario de Gobierno Jesús Romero López.
De paso, ha golpeado mediáticamente al oficial mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Abel Gandarillas asi cómo a la hija del mandatario, Bxido Jara.
Los señalamientos refieren que Ortiz Cabrera utiliza a la estructura de Servidores de la Nación como brazo operativo para distribuir mensajes, memes y notas difamatorias en contra del gobierno estatal.
Esta estrategia, surge como represalia personal tras el despido de su sobrina, Melina Ponce Castelan, hija del exdiputado Alejandro Ponce Cobos, antiguo operador político del PRD y Morena y responsable del programa de uniformes escolares en pasadas administraciones.
La tensión aumentó cuando Melina Ponce fue detenida en un alcoholímetro, y en lugar de asumir responsabilidad, acusó públicamente a Jesús Romero y a Salomón Jara de haber orquestado su detención, insultándolos en evidente estado de ebriedad.
Desde entonces, Ortiz Cabrera orquestó una campaña de venganza, usando recursos humanos y redes federales para dañar a quienes considera responsables.
Una parte clave de esta operación ocurre en redes sociales.
Se ha identificado que servidores de la nación como Rubel Salinas, Alfonso González Andrade y Dipma Ramírez Gatica, empleados directos de Nancy Ortiz, quienes están difundiendo contenidos críticos contra Jesús Romero, el gobernador, su hija y Abel Gandarillas.
Al mismo tiempo comparten publicaciones que exaltan las giras, logros y mensajes de Nancy Ortiz.
Ortiz Cabrera ya fue señalada por permitir errores graves de seguridad.
Un caso fue facilitar el acceso de María Elena Ríos a un evento presidencial, poniendo en riesgo el protocolo de la Presidencia.
Nancy Ortiz ha rebasado los límites institucionales, y amenaza con minar la unidad en la que se basa el proyecto de la Cuarta Transformación en Oaxaca.
El uso faccioso de los programas sociales federales para saldar cuentas personales viola los principios de imparcialidad y ética pública, y podría traer consecuencias administrativas y políticas.
Desde la estructura morenista y diversos sectores ciudadanos, urgen que el gobierno federal revise con seriedad esta situación y determine si Nancy Ortiz sigue siendo una funcionaria confiable y comprometida con el proyecto nacional.
De lo contrario, si debe ser removida para evitar que la estructura del Bienestar se convierta en un instrumento de venganza personal.
“Morena no se construyó para servir a familiares ni para hacer política sucia. Si no se detiene este fuego amigo, se corre el riesgo de descomponer el proyecto en Oaxaca”, advirtió un representante del movimiento social en el Istmo.
El llamado es claro: los programas del pueblo no deben ser usados como armas personales. El gobierno de México y su transformación exigen altura ética, no vendettas familiares, coincidieron.
