CHILAPA, Gro; (apro).- Autoridades comunitarias y habitantes de Ayuhualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera, integraron a 20 niños y niñas a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (Crac-Pf) para resguardar su territorio de la delincuencia organizada.
El miércoles 24 a las 11:30 horas en la cancha de la comunidad, todos los habitantes de Ayuhualtempa e integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, al que pertenece el sistema de justicia de la Crac-Pf, celebraron una asamblea urgente para exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la localización del matrimonio de Cecilia Gaspar y José Teodoro Domingo Ortiz, así como de sus hijos Gaudencio y Roberto, privados de su libertad desde el viernes 19 de enero.
Cinco días después del secuestro, las autoridades y la Fiscalía de Guerrero no les ha informado avances ni han realizado una verdadera búsqueda, a pesar de que se les ha brindado la posible localización de las víctimas en la comunidad de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, acusaron.
Es para exigir que la Fiscalía de Guerrero, el Ejército y la Guardia Nacional presenten con vida a sus vecinos que se encontraban cuidando su ganado en el campo de la comunidad de Zacatepec, dijeron.
No es porque queramos, es una acción urgente. Llevamos cinco días esperando y las autoridades no han dado respuesta”, insistieron integrantes del Consejo en la reunión.
Ahí presentaron a 20 niños y niñas de 12 a 17 años que se integrarán a las filas de la Policía Comunitaria de la Crac-Pf para resguardar su territorio ante la falta de seguridad de la población y el acecho del crimen organizado.
Los menores mostraron su adiestramiento básico y tomaron protesta para resguardar su comunidad.
Ayuhualtempa y pueblos vecinos se integraron a la Crac-Pf desde 2014 para defender a sus habitantes de la delincuencia organizada. Sin embargo, con el transcurso de los años el crimen ha ganado control sobre la región dejando a esta y algunas poblaciones del municipio de Chilapa aisladas.
Integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl informaron que desde 2018 sus habitantes han sido víctimas de 17 asesinatos y 7 personas desaparecidas.
Ante el acoso criminal, la comunidad de 720 habitantes ha solicitado al gobierno federal la instalación de un Banco del Bienestar y a la Secretaría de Educación que dirige Marcial Rodríguez Saldaña la clave para que pueda funcionar un Telebachillerato en la comunidad.
