Jaime GUERRERO
El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, Irinero Molina Espinoza, aseguró que no protegerán políticamente al ex Gobernador, Gabino Cué Monteagudo y la solicitud de Juicio Político que se le dio entrada al seno de la Comisión Instructora, sentará un precedente en Oaxaca.
Quienes promovieron el Juicio Político contra Cué Monteagudo –el senador de la República del PRD, Benjamín Robles Montoya- tenían hasta éste jueves, para ratificar la solicitud en la Comisión Instructora.
El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, aseguró que hay interés en la LXIII Legislatura de sentar un precedente.
“Estamos en contra de la corrupción y no hay castigo. Se tiene que presentar un precedente para que no se vuelvan a cometer ese tipo de cosas”, asentó.
Lamentó que cada 6 años llega un gobernador nuevo, criticando y justiciando al que se va pero no pasa nada y al terminar su sexenio se va.
“Lo más importante, además de hacer justicia es que no se vuelvan a cometer ese tipo de actos”, insistió.
Molina Espinoza, sostuvo que políticamente no protegerán al ex gobernador a Cué Monteagudo. “Al menos de los diputados de Morena no tiene la intención de proteger a nadie y así tener la calidad moral de criticar”, atajó.
Respecto a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) que reportan millones de pesos ejercidos irregularmente y presuntamente malversado por parte de la administración de Cué Monteagudo, indicó que esa información serían anexados al expediente de la Comisión Instructora.
Y es que dijo que lo que paso en el sexenio de Cué Monteagudo, fue un lamentable daño al patrimonio de los oaxaqueños, “eso no está en duda”, asestó. Anunció entonces que la Comisión tendrá que requerir a todos los involucrados.
A su vez, los involucrados podrán defenderse.
Molina Espinoza, aclaró que el proceso de Juicio Político, puede ser un proceso muy largo o corto, dependiendo las pruebas que presenten las partes.
Sin embargo, el tiempo pasa a segundo plano, porque lo importante es sentar un precedente.
Puntualizó que la Comisión Instructora, podrá determinar si se aplican procedimientos resarcitorios o sancionatorios, porque tiene que haber un castigo.
Y es que dijo que la “corrupción” es un fenómeno social que implica el abuso de una posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido para una persona, en perjuicio del bienestar colectivo o individual.
Por sus repercusiones, la corrupción constituye un problema social que transgrede los valores sociales, los derechos humanos y la legalidad.
Refirió que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Oaxaca es el estado que ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor percepcion de corrupción.
Destacó que los actos de corrupción más comunes están relacionados con el soborno, la extorsión, la especulación financiera, la evasión de impuestos, la malversación de fondos públicos, las licitaciones falsas, los fraudes y el enriquecimiento ilícito.
También, el manejo discrecional de los recursos financieros de los programas sociales; la asignación irregular de las inversiones y las obras públicas, favorecen la ilegalidad, la impunidad y la injusticia colectiva, sobre todo el incremento de la pobreza, la marginación y la desigualdad
En tanto, dijo que se tiene que considerar una Ley anti Corrupción, que tenga por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades de los entes públicos estatales para la integración, organización y funcionamiento de la figura denominada “Sistema Estatal de Combate a la Corrupción”, que tenga a su cargo prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como regular la fiscalización y el control de los recursos públicos, pero sobre todo ejercer sus facultades.
El Sistema Estatal debe dar certeza a la ciudadania que la denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción no sólo será parte de la estadistica sino un elemento para acabar con la impunidad.
“La corrupción sólo puede combatirse con mayor transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo con ética, legalidad y justicia”, apuntó.
Los diputados de la LXIII legislatura, afirmó que se ocupan de atender el problema de la corrupción desde el enfoque legislativo, porque consideramos fundamental crear ordenamientos legales que garanticen la transparencia en los actos del gobierno, la rendición de cuentas de los servidores públicos y la difusión de los principios éticos en los ciudadanos, para implantar una cultura de la legalidad y erradicar cualquier resquicio que permita el avance de la corrupción en nuestra sociedad.
