Por: Eugenio GONZÁLEZ | El Piñero
Oaxaca, México.- El gobierno de Salomón Jara Cruz se enfrenta a cuestionamientos graves, no solo por el despido masivo de 1 mil 344 trabajadores de base bajo el argumento de ocupar plazas ilegales, sino también por su aparente indiferencia ante el escandaloso manejo de una nómina VIP en el Congreso de Oaxaca. Este contraste entre el trato hacia empleados de base y los privilegios otorgados a ciertos funcionarios pone en evidencia una administración que pregona austeridad mientras tolera excesos en otras áreas.
En el centro de esta polémica está Hugo Salgado Delgado, jefe de Recursos Humanos en el Congreso local y una figura clave en el presunto manejo discrecional de salarios exorbitantes y bonos que pueden alcanzar hasta los 100 mil pesos. Este personaje, ligado al equipo de Salomón Jara desde su paso como delegado de Paz Social en Zimatlán de Álvarez, parece haber sido premiado con un puesto de poder que administra recursos con una opacidad alarmante.
La operación de esta nómina VIP no sería posible sin el respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo, quien parece más preocupado por garantizar beneficios para sus allegados que por atender las necesidades de los trabajadores despedidos o incluso de los diputados a quienes les ha reducido apoyos y prerrogativas.
La titular de la Secretaría de Honestidad, Leticia Elsa Reyes López, y el secretario de Administración, Noé Hernández Rito, guardan silencio frente al despido masivo que dejó a más de mil familias sin sustento. Este contraste resulta indignante: mientras cientos de familias enfrentan incertidumbre, los “niños bienestar” del Congreso disfrutan de salarios privilegiados.
¿Y EL CONGRESO?
¿Están enterados los diputados y diputadas de esta flagrante desigualdad? El silencio y la falta de acciones parecen indicar que muchos han optado por mirar hacia otro lado, permitiendo que la corrupción y el favoritismo sigan siendo prácticas comunes en el gobierno estatal.
En política, como bien se dice, no hay casualidades. Si el gobernador Salomón Jara permite que figuras de “poca monta” manejen recursos y decisiones clave sin rendir cuentas, el costo político será inevitable. Más aún cuando estos actos reflejan la antítesis de las promesas de justicia, austeridad y transparencia con las que llegó al poder.
Oaxaca merece más. Merece un gobierno que dé la cara, que rinda cuentas y que no permita que la corrupción en el Congreso sea la herida que empañe su administración. Si la actual gestión no actúa con firmeza, estará condenada a ser recordada como una más que dejó pasar la oportunidad de gobernar con integridad.
