Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- El titular de la Secretaría de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, informó que en derivado de las últimas auditorias que realizó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la gestión del ex Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, detectó 21 mil 372 millones de pesos, en irregularidades financieras al gasto de recursos, los cuales, no fueron debidamente solventados por la pasada administración.
Por lo pronto confirmó existen de la pasada administración 238 procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite, de los cuales a la fecha se han resuelto 128, entre las dependencias involucradas, están los Servicios de Salud, Sinfra, Turismo y Economía, entre otras, ejecutoras de gasto.
Díaz Navarro, evitó dar nombres, argumentando cuidar el debido proceso.
Sin embargo, informó que de la actual administración, se ha radicado un total 634, de los cuales se han resuelto 259.
De los recursos no solventados, detalló que hasta el 2015, ASF detectó irregularidades financieras a la administración de Cué Monteagudo, por 7 mil 314 millones, de esos recursos, solo solventaron 784 millones.
De su lado, la SFP detectó irregularidades por 6 mil 289 millones, de los cuales la administración de Cué Monteagudo solo solventó, 218 millones. La entonces, Auditoría Superior del Estado (ASE), 453 millones, de los cuales se solventaron 29 millones de pesos. Hasta el 2016, esos organismos detectaron irregularidades en el manejo de los recursos por 14 mil 56 millones de pesos.
Y solo fue solventado en total, 1 mil 31 millones de pesos.
Sin embargo, en las recientes revisiones que dictamino al ejercicio fiscal 2016, las irregularidades que detectó la ASF ya ascendieron a 13 mil 46 millones de pesos; mientras que por la SFP, ascendieron a 8 mil 326 millones de pesos. Así, en total las irregularidades y presuntos daños al erario público, ascienden ya a 21 mil 372 millones de pesos, en la administración de Cué Monteagudo.
Por lo pronto, Díaz Navarro, afirmó cada uno de los funcionarios responsables han sido llamados a comparecer a presentar las documentaciones y elementos que justifiquen su actuación, así como la solventación, como parte de un debido proceso.
Así mismo, se sigue un proceso de deslinde de responsabilidades ante los órganos jurisdiccionales.
Destacó que se ha rebasado la expectativa en cuanto al inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa, pues se ha elevado el número de irregularidades detectadas a través de las acciones ejercidas por la Secretaría de la Contraloría, a través de las auditorías e investigación de quejas y denuncias.
Del número de sanciones impuestas y número de inhabilitaciones, destacó que se han inscrito 336 resoluciones firmes en el registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados, de las cuales 314 corresponden a expedientes iniciados y resueltos en la presente administración..
De 29 sanciones corresponden a inhabilitaciones para desempeñar cargos o empleos en la administración pública, 17 de las cuales están en proceso de ejecutarse
Díaz Navarro, aclaró que el número total de sanciones impuestas puede variar en comparación con las inscritas en el registro de sanciones tomando en consideración que existen resoluciones emitidas en los meses de octubre y noviembre de 2016, las cuales quedaron firmes en el periodo de diciembre 2016 y enero 2017, y se han remitido para inscribirlas en el registro de servidores públicos sancionados durante la presente administración.
