Jaime GUERRERO
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) defendió este viernes la adquisición de vehículos blindados de lujo, valuados en más de tres millones de pesos cada uno, destinados a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que existieron “diversos incidentes de seguridad” que pusieron en riesgo la integridad de los integrantes del máximo tribunal.
En un comunicado difundido cerca de la medianoche, el OAJ señaló que las unidades del parque vehicular heredado de la anterior administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) “ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección” para los ministros afines a la Cuarta Transformación.
“La decisión responde a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia”, indicó el organismo.
El OAJ informó que destinó 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán las necesidades de movilidad del propio OAJ, la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de 2026.
Según el comunicado, esta inversión representa el 68.8% del costo de un solo año del anterior modelo de arrendamiento, que implicaba un gasto anual de 366.2 millones de pesos.
El organismo calculó un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en el periodo 2026-2028.
Entre 2022 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el TEPJF y la SCJN operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles con contratos de al menos tres años de vigencia.
El OAJ destacó que de las unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en 30% el gasto en combustible y disminuir el impacto ambiental.
Además, sostuvo que los costos de mantenimiento se reducirán en al menos 70% en comparación con los modelos anteriores, que “presentaban fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres”.
El organismo argumentó que la adquisición también permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil, a diferencia del modelo de arrendamiento donde las unidades regresaban al arrendador “sin generar ningún beneficio adicional”.
El OAJ aseguró que estas acciones reafirman el compromiso del Poder Judicial con “el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos”, priorizando la seguridad, la austeridad y la rendición de cuentas.
