Jaime GUERRERO
Oaxaca.- La coordinadora de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura, María de las Nieves García Fernández, confirmó que el aún titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, pidió que le pagaran sus salarios -no devengados- a cambio de aceptar la remoción de su cargo, y ante la negativa se fue al recurso de amparo para controvertir la reforma que da paso a su remoción al frente de la ASE.
La legisladora local, calificó como una gran incongruencia del auditor al recurso de amparo, “porque sabe que los diputados de la LXIII Legislatura, lo que hicimos no fue nada más cambiar el nombre de la ASE a Órgano Superior de Fiscalización, porque se le dotaron de mayores facultades y se le dieron otras funciones, así mismo se modificó la estructura.
García Fernández, aclaró que Altamirano Toledo, no será removido del cargo por ser él, sino porque hay un nuevo órgano y nuevas funciones.
Reveló entonces que Altamirano Toledo, a través del diputado del PRI, Gustavo Marín Antonio, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso, trato de negociar su salida, a cambio de que le cubrieran su aguinaldo, prestaciones durante este 2017 y hasta el 2018.
Al ser rechazada su petición, para frenar su cambio, el pasado lunes 9 de octubre presentó un recurso de amparo contra la 63 Legislatura Local, bajo argumento de que la reforma fue anticonstitucional.
“Decía que estaba de acuerdo en irse, tengo entendido, pero si se cumplían ciertas exigencias y peticiones del señor que eran que le terminaran de pagar estos meses con todas sus prestaciones, aguinaldos y demás, así como que se le pagara todo el año que viene hasta que se cumpliera su función que terminaba en agosto del próximo año”, declaró García Fernández.
De a cuerdo con la información contenida en la página de la ASE, la remuneración mensual bruta de Carlos Antonio Altamirano es de 50,087.00 pesos, con una remuneración neta de 35,966.18 pesos y un sistema de compensación por 73,301.00 pesos.
La legisladora local indicó que a pesar del amparo interpuesto, su pretensión económica no será cumplida, tanto por no ser legal como porque las modificaciones sobre las cuales se amparó el titular de la ASE, no son anticonstitucionales.
Afirmó entonces que no hay inconstitucionalidad, en la reforma que además de dar paso a la salida de Altamirano Toledo de la ASE, crea el Sistema Estatal Anticorrupción, porque simplemente se crea un órgano nuevo, se dan mayores facultades y se cambia estructura.
“El señor no es que si quiera o no quiera irse; es se cambia el órgano”, sentenció.
García Fernández, argumentó que a nivel nacional hay 13 estados, incluido Oaxaca con Órganos Superior de Fiscalización. En Oaxaca, agregó, se requería un órgano de fiscalización distinto que pasara de ser enunciativo a sancionador, con facultades de investigación y seguimiento puntual.
García Fernández, señaló que el actuar del todavía titular de la ASE, se caracterizó por la opacidad y encubrimiento.
Uno de los casos más palpables – expuso – fue la entrega hasta el 2017 de las auditorías hechas en 2012. “Prácticamente pensamos que dejó correr el señor auditor todo ese tiempo para que no se pudiera ejercer alguna sanción, toda vez que éstas prescriben pasado cinco años”, manifestó.
El amparo presentado no entorpece el proceso de selección de los integrantes del nuevo órgano, dijo y anunció que habría revisión a su desempeñó y con las nuevas disposiciones legales, podría ser llamado a cuentas.
