Redacción El Piñero | Corresponsalía
Oaxaca, Oax.- Radiodifusores organizados y legalmente establecidos, amenazan con cárcel a operadores de “radios pirata”, se estima que alrededor de 200 estaciones operan en la ilegalidad en el Estado de Oaxaca, las autoridades aseguraron que la proliferación de éstas representan un riesgo para el proceso electoral de 2024, porque pueden ser utilizadas por organizaciones políticas o delincuenciales para amenazar o llamar al voto de forma ilegal, lo que pondría en duda la transparencia, equidad y legalidad de los comicios.
De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), los Estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, concentran el 70% de las estaciones de radio piratas detectadas en México; en la entidad oaxaqueña estas estaciones de radios ilegales se concentran principalmente en Oaxaca de Juárez, Huajapan de León y Tuxtepec (Loma Bonita), algunas están vinculadas al crimen organizado y bandas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), informó que hasta octubre de 2023, se habían asegurado 83 estaciones de radio ilegales, cifra superior a lo que se logró en los años 2019, 2020 y 2021, todos juntos, gracias a los procesos de supervisión y verificación con los recursos públicos otorgados a la institución, aunque la institución aseguró que para el desmantelamiento de estas estaciones, sus esfuerzos se ven limitados por la falta de acompañamiento de la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación para aplicar la ley.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), promueve con grupos parlamentarios de la cámara de Diputados Federal, iniciativas de ley para que se sancione con entre dos y seis años de prisión y multas de entre 100 y 300 unidades de medida a quienes instalen y operen ese tipo de estaciones que además de apoderarse de frecuencias del espectro radioeléctrico, no pagan derechos por concesión.
Actualmente la “Ley de Radio y Televisión” dificultan el combate de las radiodifusoras ilegales debido a que las sanciones son bajas, sin pena corporal, que van desde 100 hasta 20 mil días de salario mínimo, pena que no disuade su operación y hecho que obliga a la aprobación urgente de una iniciativa que catalogue la actividad como delito federal. A pesar de ello, los radiofusores organizados y legalmente establecidos iniciaron una campaña de spots para amenazar con cárcel a los operadores de estas radios piratas.
