Jaime GUERRERO
La LXVI Legislatura del Estado de Oaxaca aprobó por mayoría la Ley para el Bienestar y Atención de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familias, una normativa que posiciona al estado como referente nacional en políticas migratorias integrales.
Esta ley, propuesta por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros, y respaldada por el presidente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Zeferino García Jerónimo, responde a la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar los derechos de los migrantes, tanto retornados como en tránsito, en un contexto de crisis migratoria global.
La nueva legislación establece programas específicos para la reintegración social y económica de los migrantes retornados, muchos de los cuales regresan a Oaxaca tras décadas en el extranjero, enfrentando la falta de patrimonio, redes de apoyo o documentación.
Entre las medidas destacan el acceso a microcréditos, capacitación laboral, estímulos fiscales, apoyo económico para traslados, asistencia en casos de enfermedad grave o desastres naturales, y ayuda para el retorno de restos de migrantes fallecidos.
“Esta ley les abre las puertas con mecanismos claros y los reconoce como ciudadanos plenos”, afirmó García Jerónimo.
Asimismo, la ley aborda la situación de las caravanas migrantes que cruzan Oaxaca en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Lejos de invisibilizarlos, la normativa condena los abusos, exige condiciones dignas y reafirma el compromiso del estado con los derechos humanos, en línea con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la igualdad y protección a toda persona en territorio nacional, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
“En esta primavera oaxaqueña, toda persona tiene derechos”, subrayó el legislador.
Como parte de la modernización del marco migratorio, la ley contempla la creación de la Dirección de Migración Oaxaqueña, adscrita a la Subsecretaría de Migración y Población de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Esta nueva entidad absorbió las funciones del extinto Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) en noviembre de 2024, fortaleciendo la capacidad del gobierno para implementar políticas migratorias efectivas.
La reestructuración busca dotar a las instituciones de herramientas claras, competencias definidas y recursos suficientes para cumplir su misión, superando las limitaciones de leyes obsoletas.
García Jerónimo destacó el papel del IOAM en la asistencia a repatriaciones, el apoyo a familias de migrantes y el fortalecimiento de lazos comunitarios, funciones que ahora serán continuadas y ampliadas por la Dirección de Migración Oaxaqueña. “No hay espacio para leyes obsoletas. Hay urgencia por leyes operativas, humanas y eficaces”, enfatizó.
El contexto actual, marcado por el incremento de deportaciones masivas desde Estados Unidos y el paso de caravanas migrantes, se aprobó un marco legislativo actualizado.
Los migrantes retornados, muchos de los cuales han pasado la mayor parte de sus vidas fuera de México, enfrentan el reto de reconstruir sus vidas desde cero. Paralelamente, las caravanas de migrantes en tránsito sufren extorsiones, abusos y condiciones inhumanas, lo que demanda una respuesta legislativa que garantice su protección y trato digno.
Con esta ley, Oaxaca reconoce la movilidad humana como parte esencial de su historia, economía e identidad. “Hoy, Oaxaca da un paso firme y necesario. Esta ley nos coloca a la vanguardia en políticas migratorias integrales, con visión, responsabilidad y compromiso social”, destacó García Jerónimo.
La aprobación de esta legislación no solo responde a una realidad que exige acción, sino que también reafirma el compromiso del estado con la justicia, la humanidad y la dignidad. Oaxaca se posiciona así como un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos migratorios con políticas innovadoras y un enfoque centrado en los derechos humanos, establecer el dictamen.
