Jaime GUERRERO
Para la protección de las víctimas de violencia, la LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la adición del Capítulo IV “Acecho” al Título Decimoquinto del Código Penal, incorporando el artículo 270 Bis, que tipifica el delito de acecho con penas de hasta cuatro años y medio de prisión y multas de hasta 750 unidades de medida y actualización.
Esta reforma, respaldada por todas las fuerzas políticas, marca un avance significativo en el reconocimiento de una forma de violencia que, aunque silenciosa, tiene consecuencias devastadoras.
El artículo 270 Bis define el acecho como la realización reiterada y sin consentimiento de conductas como vigilancia, seguimiento físico o digital, envío de comunicaciones no deseadas o la aparición constante en lugares frecuentados por la víctima, siempre que generen un temor fundado por su seguridad o integridad.
La pena base para este delito será de seis meses a tres años de prisión y una multa de 500 veces la unidad de medida diaria.
Sin embargo, las sanciones se endurecen hasta en un 50% más si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o adulta mayor, o si el agresor tiene una relación cercana con la víctima, utiliza medios digitales, porta armas, ejerce violencia física, es reincidente en delitos de género, o actúa motivado por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
La diputada del PT, Biaani Palomec Enríquez, fue una de las impulsoras de la reforma, alzó la voz en nombre de la colectiva Nosotras para Ellas A.C., representada por Diana Murrieta, así como de Valeria Macías y las legisladoras Haydeé Reyes Soto, Jimena Yamil y Analy Peral Vivar.
En su intervención, Palomec Enríquez subrayó la urgencia de legislar contra el acecho: “Lamentablemente, muchas mujeres viven con miedo; sus rutinas se ven destrozadas por la angustia de ser perseguidas, vigiladas e invadidas en su privacidad. El acecho no es una simple molestia. No es insistencia ni un gesto de interés. Es violencia: una violencia que aterra, que paraliza, que limita. Con frecuencia, es la antesala de crímenes aún más graves”.
La legisladora destacó que el acecho se manifiesta en conductas intrusivas como el seguimiento constante, mensajes no deseados, regalos no solicitados, o la difusión de información personal sin consentimiento.
Estas acciones, lejos de ser triviales, provocan miedo, alteran la vida cotidiana y vulneran derechos fundamentales como la seguridad y la libertad. “Las víctimas cambian de hábitos, de rutas, de trabajo, de número telefónico; cierran sus redes sociales; se aíslan. Y aun así, el miedo persiste”, enfatizó.
Si bien la tipificación del acecho es un paso crucial para visibilizar y sancionar una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres, no está exenta de críticas.
La persecución del delito por querella, salvo en casos de menores o personas incapaces, podría limitar el acceso a la justicia para víctimas que, por miedo o falta de recursos, no denuncien formalmente.
Además, la efectividad de la reforma dependerá de su implementación: la capacitación de las autoridades judiciales y policiales, la sensibilización en materia de género y la asignación de recursos para garantizar medidas de protección serán clave para que esta ley no quede en el papel.
Organizaciones como Nosotras para Ellas A.C. han celebrado la reforma, pero advierten que debe ir acompañada de políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia de género. “Tipificar el acecho es prevenir: es actuar antes de que la violencia escale y se traduzca en feminicidio, desaparición o tragedia”, señaló Diana Murrieta, presidenta de la colectiva.
La aprobación del artículo 270 Bis coloca a Oaxaca como un referente en la lucha contra formas de violencia que, aunque normalizadas, tienen un impacto profundo en la vida de las víctimas.
Sin embargo, el desafío ahora recae en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y en la sociedad en su conjunto, que debe rechazar cualquier forma de violencia que vulnere la paz y la seguridad de las personas. Como afirmó la diputada Palomec Enríquez: “No podemos seguir permitiendo que esta violencia quede impune”.
