Redacción El Piñero
Oaxaca. — La noche del martes 11 de junio, la fiscalía general del Estado recuperó el Centro Cultural “Álvaro Carrillo” mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, el edificio estaba en poder de la empresa ICA S. A. B. de C. V., propiedad del empresario multimillonario Carlos Slim Helú.
La empresa de Carlos Slim se negaba a entregar el edificio, por un supuesto adeudo del Gobierno de Oaxaca por las obras de construcción, contratadas durante la administración del priísta Alejandro Murat Hinojosa.
La empresa se apropió del Centro Cultural “Álvaro Carrillo” y, aunque el gobierno actual le pidió a la empresa entregar las instalaciones, se negó y fue necesario solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad pública y de la fiscalía general del Estado, a través de la orden de un juez.
La obra costó 360 millones de pesos, recursos obtenidos a través de la deuda pública de 3 mil 500 millones de pesos autorizados por el Congreso de Oaxaca conformado en su mayoría por el partido Morena, dinero del que se desconoce el recurso.
El Centro Cultural “Álvaro Carrillo” fue inaugurado, sin estar concluido y al final de su administración, por Alejandro Murat Hinojosa, evento en el que estuvo presente el empresario Carlos Slim.
La Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca informó que se pagó en su totalidad a la empresa el costo de la obra por 360 millones de pesos, y acusa que la intención de Slim era impedir que se realizarán las auditorías y revisiones técnicas de los trabajos para verificar que fueran realizados adecuadamente.
“La realidad es que no permitían que entráramos porque le pagaron toda la obra y no la terminaron, saben que podemos encontrar todas esas irregularidades que tiene esa construcción, porque no podemos hacer un levantamiento de cómo estaba” señaló la Consejería Jurídica.
También informó que, el empresario Carlos Slim contrató una empresa de seguridad privada para impedir el acceso a funcionarios de la Secretaría de las Infraestructuras, de la Secretaría de Honestidad, de la Secretaría de las Culturas y de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE).
Después de las investigaciones la autoridad estatal procederá contra los funcionarios estatales y los directivos de la empresa.
