Redacción El Piñero
Oaxaca.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido el caso de Magda Liliana Altamirano Calderón, ex-gerente de una sucursal del Monte de Piedad en Oaxaca, que denunció actos de corrupción y delitos de hostigamiento sexual, intimidación, coalición de servidores públicos y cohecho cometidos por colaboradores del gobernador morenista, Salomón Jara Cruz.
Altamirano ha denunciado penalmente a los presuntos responsables, incluyendo al director del Monte de Piedad, Omar Julián Julián, y al jefe administrativo, José Manuel Guzmán Avendaño, por hostigamiento sexual, intimidación y cohecho. La ex servidora pública afirma que tuvo que renunciar a su cargo y huir de Oaxaca después de recibir amenazas de muerte.
La CIDH ha solicitado al Estado mexicano una explicación sobre este caso, lo que representa un “golpe” para el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, según Altamirano. La comisión ha dado un plazo de tres meses, prorrogable hasta cuatro meses, para que el Estado mexicano presente una respuesta a la petición.
Altamirano ha expresado que llevará su caso a una Corte Internacional si es necesario, ya que ha demostrado violaciones graves a sus derechos humanos por parte del Estado. La ex-gerente ha denunciado que la Fiscalía de Género en Oaxaca, encabezada por Margarita Guzmán Corsi, ha defendido a sus agresores y ha interpuesto una queja ante la visitaduría por la “manera tan terrible de actuar violentando mis derechos”.
Este caso ha generado un gran impacto en Oaxaca y a nivel nacional, ya que se trata de un caso de violencia de género y corrupción que ha llegado a la CIDH. La admisión del caso por parte de la comisión es un paso importante para que se haga justicia y se protejan los derechos humanos de las mujeres en México.
La historia de Altamirano es un ejemplo de la lucha que enfrentan las mujeres en México para denunciar la corrupción y la violencia de género. Su caso ha inspirado a otras mujeres a denunciar sus propias historias de abuso y ha generado un movimiento en Oaxaca para exigir justicia y protección para las víctimas de violencia de género.
La CIDH ha reconocido la gravedad del caso y ha expresado su preocupación por la falta de protección para las mujeres en México. La comisión ha llamado al Estado mexicano a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las mujeres y a investigar y sancionar a los responsables de la violencia de género.
