Jaime GUERRERO
Oaxaca.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Oaxaca sigue situada como la segunda entidad con los porcentajes más altos en pobreza extrema y menor desarrollo humano.
Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) destaca que la población en situación de pobreza creció 6.9 %. Ello, exhibe el fracaso de la actual titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Yolanda Martínez López.
En tanto, en materia de deuda pública, las calificadoras financieras Standard and Poor´s, Moody’s, Fitch y HR Reatings, señalan que durante 2017 Oaxaca obtuvo calificaciones negativas en materia de endeudamiento público, destacando rubros de falta de liquidez, alto nivel de pasivos y base económica limitada, generada por el déficit financiero y los incrementos excesivos en gasto corriente, aspectos que no se desglosan de manera verás y pormenorizada en la cuenta pública de referencia.
Mientras que el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2017 presentado por el OSFE, revela que hubo gastos excedidos en los ejes de Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad, por un mil 600 millones de pesos; crecimiento Económico y Empleo, por 815 millones; y Desarrollo Social y Humano, 6 mil 700 millones.
Mientras en gasto corriente, el gasto excedió 11 mil millones, que equivale a erogaciones excesivas equivalentes al 25%.
La muestra auditada y la clasificación por ejes estratégicos conforme al Plan Estatal de Desarrollo, refleja discrepancias injustificadas y desproporcionadas entre las cifras que corresponden a los recursos aprobados y los recursos erogados realmente por los entes públicos.
De acuerdo al documento, esas variaciones presupuestarias, demuestran que el Ejecutivo gastó más de lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Asimismo, las observaciones a los resultados de las auditorías practicadas acreditan irregularidades administrativas en materia de registros de contabilidad, información justificativa y en el control interno del gasto, irregularidades que afectan al cumplimiento de planes y programas de índole social.
