Redacción/El Piñero
Las elecciones más grandes que se realizan en el territorio mexicano, han mostrado que el crimen llegó para abarcar todos los sectores, en el marco del proceso electoral 2020-2021, el escenario político ha sido violento.
Un total de 27, de las 32 entidades que registran proselitismo electoral, han contado con al menos uno de los 169 incidentes contabilizados hasta abril, por la consultora Integralia.
Los primeros lugares los ocupan estados en la zona sur de la república mexicana, en primer lugar se ubica Veracruz: con 24 eventos violentos, seguido de Oaxaca con 19, Guanajuato en tercer lugar con 14, Guerrero con 13 eventos, Jalisco con 13 y Baja California con 11.
Lo anterior según datos e información de la empresa especializada en riesgo político y conflicto social que encabeza Luis Carlos Ugalde Ramírez: Integralia.
Según la empresa investigadora, el mayor número de incidentes fueron perpetrados por los grupos criminales, principalmente en los municipios de: Acapulco donde se registraron cuatro hechos violentos, San Luis Potosí (Capital) con el mismo número, Tijuana de igual forma.
El municipio de Tecate, así como en Ciudad Juárez, Santiago Jamiltepec, Zapopan, Apaseo el Alto, y Oaxaca capital, registró cada uno, tres evento violentos.
En la investigación se destacó que un alto porcentaje de esos hechos ocurrieron en municipios donde hay menos de 100 mil habitantes, además se encuentran alejados de los centros urbanos y tienen poca presencia de fuerzas federales.
Luis Carlos Ugalde, aseguró que: “el crimen organizado necesita controlar gobiernos municipales y estatales, por lo tanto ya es, desde hace tiempo, el gran elector en muchas regiones del país”.
Aseguró también que en la mayoría de los asesinatos contra candidatos o aspirantes: “responde a que no hubo acuerdo del crimen organizado con el contendiente”.
Al inicio del proceso electoral, es decir, septiembre del año pasado hasta el mes de abril del 2021, la jornada electoral ha dejado 210 víctimas de violencia política: 143 de ellas fueron asesinadas.
Se habla de 14 funcionarios federales, 10 activistas, 26 aspirantes a elección popular, 28 funcionarios municipales, 17 ex funcionarios, 5 ex candidatos, cuatro líderes partidistas, 4 periodistas y 4 militantes de partidos políticos.
Sumado a ello, las dos ejecuciones registradas hace unos días en las alcaldías de Cajeme, Sonora, donde dieron muerte a Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano; también en el municipio de Moroleón, Guanajuato, se dió muerte a la candidata Alma Rosa Barragán, del mismo partido.
La cifra marca también el secuestro del candidato del Partido Verde Ecologista, a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán: Omar Plancarte, y el atentado a balazos contra el abanderado del partido Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero: José Alberto Alonso Gutiérrez.
Integrantes de La Familia Michoacana, realizaron amenazas a la candidata del PRI – PAN – PRD, por la presidencia municipal de Valle de Bravo, en el Estado de México: Zudikey Rodríguez.
Previo a dichas amenazas, se registraron los homicidios de Ulises Fabián Quiroz candidato del PRI – PVEM a la alcaldía de Chilapa de Guerrero. Así como el de Melquiades Vázquez Lucas, aspirante al municipio de La Perla, Veracruz, por el PRI.
En Oaxaca la candidata del PAN: Ivonne Gallegos, fue asesinada, era, candidata por la Presidencia Municipal de Ocotlán. En Tamaulipas, el aspirante del Partido Verde Ecologista de México a diputado local: Francisco Gerardo Rocha Chávez, fue ejecutado el pasado 24.
La misma historia se registró con el candidato a regidor independiente en Tijuana: Luis Roberto Don Félix, quién fue asesinado por un grupo de hombres armados el pasado mes de abril.
Juan Antonio Acosta Cano, precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, no tuvo suerte diferente, pues en enero fue asesinado.
Finalmente, dicha consultora cree que el Gobierno Federal, no logró disminuir el número de asesinatos de actores políticos.
