Redaccion | El Piñero
Oaxaca de Juárez, Oax.– El conflicto en el Telebachillerato Comunitario de Oaxaca (TEBCEO) escaló en los últimos días luego de que docentes acusaron a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPO) de mantener una postura autoritaria, reprimir la protesta social y encubrir abusos dentro de la institución.
En una carta abierta fechada el 28 de agosto, los profesores reprocharon a la titular de la SEPO, Delfina Guzmán Díaz, haber cuestionado públicamente su permanencia en las comunidades con la frase: “¿Quién la obliga a estar en el TEBCEO, quién la obliga?”.
Para los docentes, esa declaración desconoce el compromiso social de su labor en comunidades indígenas y de alta marginación.
“No permanecemos en el campo por comodidad ni por falta de opciones, sino por convicción: porque vemos en la educación una trinchera de esperanza”, señalaron.
Condiciones precarias y represión policial
Los trabajadores denunciaron que, además de salarios bajos y retrasados, enfrentan escuelas sin infraestructura, carencia de materiales, exceso de trámites y hostigamiento laboral.
También recordaron que el 12 de agosto fueron desalojados con golpes y gas lacrimógeno por policías estatales durante una protesta en la capital oaxaqueña. “El gobierno criminaliza la protesta social y socava el derecho a la educación”, afirmaron.
Denuncian acoso sexual en el TEBCEO
La tensión aumentó tras la denuncia del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario (SUTTEBCEO), que señaló al director general del TEBCEO, Filemón Bernardo Hernández, como presunto responsable de acoso sexual contra una trabajadora sindicalizada.
“Este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, un abuso de poder y un ejemplo de la impunidad que persiste en muchos espacios laborales”, expresó el gremio, al tiempo que manifestó solidaridad con la víctima y exigió sanciones inmediatas contra el funcionario.
El magisterio reiteró que no busca privilegios, sino condiciones laborales dignas, respeto a sus derechos y una mesa de diálogo efectiva con las autoridades educativas.
“Exigimos un Estado que cumpla con su obligación de garantizar los derechos humanos y la educación pública, gratuita y de calidad”, concluyeron.
Hasta ahora, la SEPO no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones, aunque el caso ya generó pronunciamientos de colectivos de derechos humanos que demandan una mediación seria y castigo a los responsables.
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