Jaime GUERRERO
La violencia derivada de conflictos políticos, religiosos, agrarios y sociales ha generado en Oaxaca un total de 23 casos de desplazamiento forzado interno, principalmente en las regiones de la Mixteca y la zona Mixe, en los límites con el Istmo de Tehuantepec.
Según la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del estado, el 98% de estos casos son de larga data, originados en administraciones pasadas y sin atención adecuada, lo que ha obligado a miles de familias a refugiarse en otros municipios, la capital oaxaqueña, la Ciudad de México e incluso en Estados Unidos.
Uno de los casos más emblemáticos se registra en la región Triqui, en la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, donde hace casi seis años los habitantes fueron desplazados debido a disputas por la explotación de un bosque.
Los pobladores reportan haber sido atacados con armas de fuego, con viviendas incendiadas, y desde 2021, la activista Irma Galindo Barrios permanece desaparecida.
Otro caso destacado es el de Tierra Blanca Coapala, donde en 2020, 144 familias fueron desplazadas por un grupo armado. A pesar de intentos por retornar, muchas de estas familias han emigrado o se han asentado en otras ciudades.
Con la reciente publicación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, Oaxaca busca combatir este delito con penas de 10 a 18 años de prisión y multas superiores a los 220 mil pesos.
Además, se establecen sanciones similares para quienes obstruyan el retorno de las personas desplazadas a sus comunidades. Esta iniciativa ha sido reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha acompañado los esfuerzos en el caso de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, donde más de cien familias fueron desplazadas hace ocho años.
Flor Estela Morales, coordinadora de la CADH, informó que recientemente se realizaron visitas a Guadalupe Victoria junto con representantes de ACNUR, quienes constataron que existen las condiciones necesarias para el retorno de las familias.
Sin embargo, Morales señaló que este proceso no será inmediato, estimando que podría concretarse a finales de 2025 o principios de 2026.
Este avance posicionaría a Oaxaca como uno de los primeros estados en México en lograr un retorno efectivo de comunidades desplazadas.
El gobierno de Oaxaca, en colaboración con ACNUR, trabaja en el acompañamiento psicológico de las familias afectadas, muchas de las cuales enfrentaron asesinatos y pérdidas significativas.
Además, se ha verificado que la infraestructura de las viviendas en Guadalupe Victoria es viable y habitable. La CADH también recibió un software de ACNUR para sistematizar la información de las comunidades desplazadas, lo que permitirá un seguimiento puntual para garantizar su retorno seguro.
Con estas acciones, Oaxaca busca no solo reparar el daño causado por el desplazamiento forzado, sino también sentar un precedente en la atención integral de esta problemática que afecta a miles de personas en el estado.
