La situación en Oaxaca se agrava tras una doble jornada de señalamientos ciudadanos que evidencian el deterioro del sistema de salud y el descontento social en regiones estratégicas del estado.
Por un lado, más de 80 organizaciones civiles que integran la Plataforma de Derechos Humanos lanzaron una fuerte denuncia contra las autoridades estatales, acusando una crisis humanitaria en materia de salud. De acuerdo con el pronunciamiento, desde el pasado 24 de marzo se solicitó formalmente la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz sin obtener respuesta.
Las organizaciones señalaron que los sectores más vulnerables –especialmente comunidades indígenas y rurales– padecen un abandono sistemático: falta de medicamentos, escasez de personal médico, deficiencias en infraestructura hospitalaria y ausencia de programas de prevención.
Afirmaron que el acceso a la salud, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales, es violentado en Oaxaca, donde hay clínicas sin personal, hospitales sin equipo, y personas que no pueden acceder a tratamientos o diagnósticos.
Simultáneamente, en el municipio de Matías Romero, habitantes del Istmo de Tehuantepec realizaron una protesta durante un acto oficial del gobernador. Entre gritos y pancartas, denunciaron la falta de agua potable, la exclusión de sus comunidades del desarrollo estatal y la represión a quienes se oponen al Corredor Interoceánico.
Los manifestantes exigieron respeto a los derechos de los pueblos originarios, así como la reconstrucción de viviendas afectadas y la solución inmediata al desabasto de agua, lo cual, dijeron, pone en riesgo su salud y su vida diaria.
Ambos acontecimientos, ocurridos casi en paralelo, reflejan una creciente tensión en Oaxaca, donde la ciudadanía exige al gobierno estatal una respuesta clara, efectiva y urgente para garantizar el acceso pleno a derechos fundamentales como la salud, el agua y la participación social.
