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Oaxaca: Entre la impunidad y la espera, la familia Uruchurtu enfrenta la liberación del presunto responsable de la desaparición de Claudia

Staff El Piñero

Redacción El Piñero

Oaxaca, Oax.- La tensión no se disipa en la familia Uruchurtu. Jhoan Ricardo Matus Marcial, quien había sido sentenciado a 60 años de prisión por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, quedó en libertad tras una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, que ordenó una nueva sentencia absolutoria. La misma instancia también reconfiguró el caso de la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, reclasificando su delito de “autora intelectual” a “obstrucción de la justicia”, abriendo la posibilidad de que las víctimas indirectas recurran a instancias internacionales, para los familiares de Claudia ni cabe duda alguna de intervención gubernamental y señalan directamente al Gobernador Salomón Jara Cruz.

Sara y Elizabeth Uruchurtu, acompañadas de sus asesores legales, relataron durante una videoconferencia su indignación por la decisión de los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes. Aseguraron que la investigación de la Fiscalía General del Estado, que incluía más de 14 tomos y tres meses de video, fue desestimada en apenas 10 días, dejando de lado testimonios y pruebas clave. “No hemos tenido acceso a la justicia; no hay reparación del daño ni verdad”, lamentaron, señalando que el proceso se siente más como un simulacro que como una búsqueda de justicia.

Por su parte, los magistrados sostuvieron que no existían elementos suficientes para probar la responsabilidad de Matus Marcial. Sin embargo, los familiares y sus abogados advierten que los delitos de desaparición forzada no se investigan como otros crímenes: requieren un análisis de pruebas indirectas y circunstancias, que según ellos no fueron consideradas. Con las instancias nacionales agotadas y la incertidumbre sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia tras la reciente reforma judicial, la familia evalúa ahora acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia que en México, dicen, nunca se les ha otorgado.

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