Citlalli López Velázquez/CimacNoticias
Oaxaca de Juárez, Oaxaca- Esta entidad con mayor cantidad de mujeres en condición de pobreza y marginación, forma parte de los 9 estados del país con mayor número de criminalizadas por haber interrumpido sus embarazos.
Será el próximo miércoles cuando la 64 Legislatura de Oaxaca, debata ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 12 constitucional que modificaría la protección de la vida, actualmente considerado desde el momento de la concepción, por: “a partir el momento del nacimiento”, hecho que abre la puerta a la despenalización del aborto.
La revisión hecha a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que de enero a agosto de 2019, fueron registrados 427 abortos como delitos, los cuales se concentran en la Ciudad de México con 93 casos, Estado de México con 80 casos, Baja California con 39, Tamaulipas con 28, Querétaro 11, Michoacán con 10, y Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo con 9 cada uno. En total, sólo esas 9 entidades concentran 66.51 por ciento de los “delitos por aborto” registrados de dicho lapso.
El informe “Maternidad o castigo, Criminalización del Aborto en México”, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica que generalmente el patrón común en las denuncias es contra niñas y mujeres que llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y, ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos.
“El ministerio público responde generalmente de inmediato, acudiendo a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital. En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas”, apunta.
Parte de los procesos penales -agrega- culminan en sentencias condenatorias, como son la cárcel, privación de libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.
GIRE agrega en sus conclusiones tras un análisis a distintos casos, que “el hecho mismo de enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad. Son de destacar también los casos en los que las mujeres son acusadas de otros delitos con penas más severas, como el infanticidio y el homicidio en razón de parentesco, ante situaciones de aborto o partos fortuitos”.
Mujeres privadas de su libertad
De acuerdo con datos de la misma asociacion, de enero de 2007 a diciembre de 2016, dos mujeres estuvieron en prisión definitiva, sin embargo la entidad no proporcionó datos del número de las que estuvieron en prisión preventiva.
Otras cifras obtenidos a través de Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, realizado por el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografía (Inegi), detalla que en 2015 Oaxaca se ubicó como el punto con el mayor número de mujeres encarceladas por abortar. De las 24 en ese año, 6 estuvieron presas en penales de Oaxaca. El censo mismo señala que en 2016 fue una mujer encarcelada y en 2017 no hubo ninguna.
En México, agrega GIRE, las mujeres son también acusadas de delitos como infanticidio u homicidio calificado, ante situaciones de abortos o partos fortuitos.
“Las mujeres criminalizadas por estos delitos provienen de contextos similares a quienes son criminalizadas por el delito de aborto: situaciones económicas precarias, falta de acceso a servicios de salud, situaciones de violencia sexual, familiar e institucional”, apunta.
