Redacción | El Piñero
Oaxaca.- El reloj marcaba las nueve de la mañana del 30 de octubre de 2025 cuando, en una sala de audiencias del Istmo de Tehuantepec, volvió a abrirse el expediente que enfrenta a 21 habitantes indígenas chontales de El Coyul con un proceso judicial que desde hace años condiciona la vida de su comunidad. Afuera, organizaciones sociales aguardaban el arranque de la reposición del debate, que gira en torno a 1,452 hectáreas donde está proyectado el desarrollo turístico-inmobiliario “Punta Faro”. El 6 de noviembre se realizó la segunda audiencia, nuevamente marcada por la presentación de testigos de ambas partes.
Dentro del recinto, las declaraciones avanzaron entre pausas, tensiones y afirmaciones que, según colectivos acompañantes, dejaron ver versiones inconsistentes de la parte denunciante, además de intentos por evitar testimonios que debiliten sus argumentos iniciales. Para la comunidad de El Coyul, estas tierras son la base de su historia: desde 1972 las administran colectivamente a través de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, sostén de más de 125 familias. Organizaciones civiles denunciaron que desde hace más de dos décadas el territorio ha sido objeto de presiones jurídicas y administrativas, presuntamente impulsadas por particulares con interés en apropiarse de la zona por medio de documentos alterados y respaldos ajenos a la comunidad.
Mientras la audiencia seguía su curso, los representantes de las organizaciones alzaron la voz a las afueras del recinto. Exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia y al Gobierno estatal una actuación imparcial, transparente y conforme al debido proceso. También pidieron revisar cualquier resolución considerada excesiva y evitar que intereses privados influyan en las decisiones oficiales. Hasta el momento, las autoridades han señalado únicamente que el procedimiento continuará según la normativa vigente, mientras en El Coyul crece la expectativa y el nerviosismo ante la resolución final.
