Francisco Vásquez
Oaxaca, México.– A pesar de que el Congreso federal le aprobó al gobierno de Oaxaca un presupuesto histórico para 2018, de cerca de 102 mil millones de pesos, la actual administración estatal no ha logrado hacer tangible la inversión pública para revertir las condiciones estructurales de rezago social.
Actualmente la entidad sigue estancada en el segundo lugar a nivel nacional en materia de pobreza, tan sólo después de Chiapas, ambos estados que no han logrado resolver sus carencias a causa de sus constantes conflictos sociales, uno de los principales obstáculos a superar.
Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2014 y 2016, 27 de las 32 entidades federativas del país tuvieron una reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, sin embargo, las cinco entidades restantes que aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza entre 2014 y 2016 fueron Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche.
De acuerdo a la Dirección General de Políticas Públicas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Oaxaca no ha podido generar empleos y apuntalar en cuanto a desarrollo económico por sus constantes conflictos sociales, los cuales desestabilizan a la entidad llevándola por una situación dificil que no ha logrado contener.
Según la Sedesol se requieren de grandes cantidades de recursos para lograr abatir la pobreza en México reconociendo que son los habitantes de las entidades federativas del sur de la República los que mayores dificultades económicas y de servicios básicos presentan comparados con los del resto del pais.
La inseguridad, los conflictos magisteriales que derivan en paros, protestas, marchas y bloqueos, así como un sinnúmero de organizaciones sociales que han radicalizado sus exigencias de tipo político y social inhiben la inversión provocando que la pobreza se desborde y se transforme en un problema mayor.
Tan sólo durante la glosa del primer informe ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, la Secretaría General de Gobierno (Segego) reportó 365 conflictos agrarios, en su mayoría por límites, 33 de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de bajo riesgo, de los cuales sólo cinco se resolvieron, además de una listado de conflictos poselectorales y ayuntamientos en disputas con sus agencias por los recursos municipales.
En el 2017, la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa) señaló que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo de Tehuantepec, que convierten a Oaxaca en una de las entidades más conflictivas del país.
Integrantes del comité directivo de esta organización afirmaron que el origen de estos conflictos reside en la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y a la ausencia de garantías que configuran un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades afectando a los pueblos y la gobernabilidad democrática, propiciando que Oaxaca no logre consolidarse como una entidad atractiva hacia el sector productivo y a la inversión.
Política clientelar
En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el gobierno del estado identificó la presencia de 425 organizaciones que operan en todo o en algunas regiones del territorio oaxaqueño, las cuales abanderan diversas demandas de proyectos de infraestructura básica, vivienda, productivos, apoyos agrícolas, educación, concesiones de transporte, entre otros.
Dando pie a que el gobierno de Oaxaca continúe con las viejas prácticas de política clientelar, ya que a fin de calmar la sensación de ingobernabilidad en la sociedad oaxaqueña, destinó cerca del 70 por ciento del presupuesto estatal del campo para entregarlo a organizaciones sociales que no comprueban la aplicación de los recursos ni tampoco el gobierno cuenta con un mecanismo para verificar en que se ocuparon los apoyos.
Tan sólo en el 2017, los trámites burocráticos y los grandes rezagos del campo terminaron con los casi 250 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), de la cual el gobernador ha cambiado dos veces al titular y que hasta el momento sigue sin anunciar algún cambio benéfico para el sector campesino en Oaxaca, en ese sentido, suman ya cerca de 35 cambios en el gabinete legal y ampliado del mandatario estatal a 18 meses de iniciada la administración.
Más pobreza
Con base en datos del Coneval en Oaxaca, el número de personas en pobreza fue a la alza desde el 2010 a 2016, sumando en ese lapso 9.6 por ciento más personas con alguna carencia social, es decir, que de diez personas que actualmente se encuentran en pobreza, una se sumó en ese intervalo de tiempo.
Para realizar la medición de la pobreza en México, dicho organismo público se basa en seis indicadores: acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos en la vivienda, cuando una persona no tiene acceso a uno o dos de estos indicadores, se encuentra en pobreza, si tiene tres o más carencias, la pobreza es extrema.
Pese a los índices de marginación que persisten el padrón de beneficiarios con algún tipo de programa de la Sedesol encaminado al combate de la pobreza en Oaxaca fue recortado hasta en un 6 por ciento comparado con el año pasado, ya que según las cifras contenidas en el Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social indican que uno de vada 20 beneifciarios ha sido eliminado.
Cabe agregar que de acuerdo al Coneval, en su medición de pobreza municipal en 2015, Santos Reyes Yucuná de Oaxaca, es el municipio con mayor porcentaje de gente pobre a nivel nacional, según el estudio, en 2015 el 99.9 por ciento de la población era pobre y al medir la pobreza extrema, ese municipio indígena registró un 97.4 por ciento de sus habitantes en esa condición.