Redacción| El Piñero
Oaxaca.- En San Juan Juquila Mixes, la rutina del pueblo se ha visto alterada por una serie de denuncias que corren de boca en boca y que, poco a poco, se han convertido en un clamor colectivo. En las esquinas, en la plaza y hasta en las cocinas de las casas se repite la misma queja: el síndico municipal, profesor Israel Peralta Quintas, estaría usando el cargo no para servir, sino para castigar y controlar.
Los habitantes cuentan que las multas han dejado de ser sanciones justas y se han transformado en cargas excesivas. Señalan que los mejores puestos en la administración quedaron en manos de familiares y amigos del funcionario, y que la policía municipal se ha vuelto un instrumento de presión. En voz baja, mujeres y adultos mayores narran episodios de detenciones arbitrarias, empujones y maltratos, situaciones que —aseguran— violan la dignidad de los más vulnerables. “Aquí ya no se siente la justicia, se siente el miedo”, dijo un vecino que prefirió no dar su nombre.
La inconformidad crece porque, a pesar de los testimonios y del descontento general, ninguna autoridad superior ha puesto freno a estas prácticas. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no ha llegado a la comunidad, y el gobierno estatal, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, guarda silencio ante lo que los pobladores consideran un abuso evidente. Entre el polvo de los caminos y la incertidumbre diaria, la gente espera que alguien escuche su voz y ponga un alto a lo que llaman “el poder desmedido del síndico”.
