Redacción El Piñero
Oaxaca, México.- Representantes de la Iglesia Cristiana Internacional en el Estado de Oaxaca, encabezados por el pastor presbiteriano Azael Ramírez Miguel, solicitaron reunión con el gobernador Salomón Jara Cruz, o con el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ante su nula acción en casos de intolerancia religiosa en los 570 municipios que conforman el Estado, principalmente en el caso de El Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, región Cuenca, donde miembros de su comunidad han sido expulsados, sufrido violencia y despojo, y perdido sus propiedades.
El representante de la iglesia acusó al gobierno estatal de minimizar el problema y de no tomar medidas efectivas para proteger los derechos humanos y prevenir delitos. También denunciaron que, no hay respuesta del gobierno morenista.
Detalló que, en El Arenal, miembros de su comunidad han sido objeto de acoso, violencia y despojo durante 10 meses, y que han sido expulsad os de su comunidad, perdiendo sus casas, árboles y cafetales. Además, han estado sin agua y energía eléctrica durante este tiempo.
Exigen que el gobierno entable un diálogo directo con ellos, haga cumplir la ley y proporcione seguridad a los miembros de su comunidad que han sido afectados. También piden que las personas enviadas por el gobierno tengan capacidad de negociar y buscar soluciones.
Las declaraciones la hicieron mediante una manifestación pacífica en el Cerro del Fortín de la Ciudad de Oaxaca este jueves 22 de agosto para exigir justicia y seguridad. Aseguraron que sus manifestaciones serán pacíficas y no afectarán a terceros.
Además, denunciaron que el gobierno estatal ha recibido denuncias de intolerancia religiosa en al menos 570 municipios, pero no ha tomado medidas efectivas para abordar el problema. También acusaron a las autoridades de no brindar protección a las víctimas de intolerancia religiosa y de no sancionar a los responsables de estos actos.
La iglesia cristiana internacional en Oaxaca ha presentado denuncias en la Fiscalía de Tuxtepec y Fiscalía General de la República, donde las investigaciones avanzan, además han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para abordar el problema de la intolerancia religiosa en el estado.
