Redacción El Piñero
Oaxaca, Oax.- La Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, viola el derecho de 100 adultos mayores al acceso de programas federales, se niega a pagar apoyo a personas de la tercera edad que fueron víctimas de violencia y desplazamiento forzado, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, región Mixteca.
Los adultos mayores afectados son de las comunidades de Ndoyonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande, que viven en situación de violencia y están cautelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El programa Bienestar con fecha 4 de marzo del 2022 negó el pago de la pensión para el bienestar a los adultos mayores que no bajaron a la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, por miedo a ser agredidos en su integridad física, después del episodio violento que vivieron en meses pasados donde hubo personas muertas y desaparecidas.
Con diversos escritos las autoridades de Guerrero Grande y Mier y Teran solicitaron oportunamente a la Delegada Nancy Ortiz que realizara el pago en otro lugar que no fuera la cabecera municipal, con la finalidad de salvaguardar a los abuelitos.
A pesar de que la petición fue reiterada en diversas ocasiones, por escrito y también por conducto del Coordinador de Investigación y Atención a Casos Internacionales de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, Luis Pablo Ballesteros Sosa, la negativa continúa y los adultos mayores siguen sin recibir su pensión.
Con fecha 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medida cautelar al Estado Mexicano MC-1050-21, en la cual refiere concretamente lo siguiente:
“Proteger los derechos a la vida e integridad personal de las familias indigenas de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyaji a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas para proteger sus derechos y en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores”.
Los representantes de las comunidades solicitan una entrevista con el Presidente de la República en su visita a Guelatao, para la entrega de una carta por los diversos hechos de violencia fisica que han sufrido los habitantes de las comunidades de Ndayonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande entre ellos ancianos, niños y mujeres.
Así como el cumplimiento a la medida cautelar otorgada por la comisión Interamericana de Derechos Humanos MC-1050-21, en especial en el punto referente a la protección a las personas mayores.
