Redacción El Piñero
Oaxaca.- Grupos sociales presentaron Amparo Federal contra el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, con esta acción lograron frenar la reforma que impuso el gobernador morenista , Salomón Jara, hasta el punto de anunciar su derogación, sobre él llovieron las críticas y acusaciones de pretender privatizar la propiedad social al estilo de Salinas de Gortari.
En el mes de diciembre de 2023, el Congreso de Oaxaca que es controlado por el gobernador, al ser la mayoría diputados locales de Morena, aprobaron la Ley de Ingresos de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024, enviada por el mandatario estatal, en ella incluyó el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que consiste en darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios, siempre y cuando ya tengan el “dominio pleno”.
Esto generó fuertes críticas al mandatario estatal, que fue señalado de pretender privatizar la propiedad social, asimismo, organizaciones sociales y comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de Oaxaca, no se quedaron con las manos cruzadas e interpusieron Amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, para exigir se derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos.
Ante la presión social, Salomón Jara anunció la derogación del polémico artículo 25, relacionado con los incentivos fiscales e informó que todo lo demás seguirá operando con normalidad, en todo momento Jara negó que tratara de privatizar la propiedad social, sin embargo, su actuar fue con dolo y sin consultar al pueblo.
Jara Cruz, justificó que la reforma al artículo 25 sólo buscaba beneficiar a los municipios al incrementar el padrón de propiedad inmobiliaria y en consecuencia el impuesto predial, además aclaró que su gobierno es respetuoso de las tierras de las comunidades y aseguró que su administración es un ejemplo en atención a este sector.
Pero las cifras, tiran su mentira, en el año 2023, 24 personas fueron asesinadas en Oaxaca por grupos delictivos que buscan tener el control de zonas maderables y por los megaproyectos que se pretenden desarrollar en territorio oaxaqueño; además de las masacres entre comunidades indígenas por disputas de límites agrarios, que el gobierno de Salomón Jara no atiende oportunamente para prevenir que se desate la violencia.
Las matanzas que más conmocionaron a los oaxaqueños fueron las de San Miguel El Grande, con ocho muertos y cuatro secuestrados; la de Santiago Mitlatongo con nueve personas asesinadas -cuatro de ellas mujeres- y cuatro mujeres heridas con armas de fuego.
