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Oaxaca: Se acumulan cuestionamientos contra Jara: crece el descontento por la gestión estatal al adjudicar contratos a familia por más de 88 mdp

Staff El Piñero

Redacción El Piñero

Oaxaca.- La administración del gobernador Salomón Jara Cruz enfrenta críticas por presuntas deficiencias en áreas clave como infraestructura, seguridad y transparencia, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y manejo discrecional de recursos públicos, diversos sectores sociales han manifestado inconformidad ante lo que consideran una falta de resultados concretos y avances limitados en compromisos anunciados.

Entre los puntos más señalados destacan la persistencia de prácticas que el propio mandatario aseguró combatir, como el nepotismo y la concentración de decisiones en círculos cercanos al poder. Asimismo, proyectos estratégicos han sido objeto de observaciones por su ejecución y supervisión, lo que ha generado debate público sobre la eficacia administrativa y la rendición de cuentas dentro del aparato gubernamental.

Para muestra, una familia vinculada a Morena acumuló 88.2 millones de pesos en contratos de obra pública entre 2023 y 2025, principalmente a través del INPAC, El arquitecto Gerardo Virgilio López Nogales, esposo de la subsecretaria de Ordenamiento Territorial de SINFRA, Miriam Berenice López Canseco, y compadre del titular de la dependencia, obtuvo una cadena continua de adjudicaciones mientras su cónyuge ocupaba primero un cargo directivo en INPAC y después una subsecretaría en SINFRA.

Los contratos se otorgaron dentro del mismo ámbito institucional donde la funcionaria tiene injerencia, además, se menciona la cercanía profesional y personal con Carlos Vichido Hernández, figura ligada al sector infraestructura estatal, con quien colaboraron en la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C., la cual en agosto de 2023 se deslindó públicamente de ambos.

En medio del debate sobre la reestructuración del gabinete y el combate al nepotismo, el caso de SINFRA se ha colocado como ejemplo de presuntas redes familiares dentro del manejo de recursos públicos, generando presión para que se revise la permanencia de los funcionarios involucrados y se esclarezca la legalidad y transparencia de las adjudicaciones.

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