Jaime GUERRERO | El Piñero
San Cristóbal Amatlán, Oaxaca.- Habitantes del municipio de San Cristóbal Amatlán, en el distrito de Miahuatlán, protestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir la liberación del presidente municipal, Eleuterio Néstor Antonio, quien lleva más de 72 horas retenido por un grupo opositor liderado por Juan Gerónimo Cruz y Misael Hernández Antonio, exdelegado de la Coordinación General de Atención Regional (CGAR) en la región.
Los manifestantes acusan a Misael Hernández Antonio de estar vinculado a Genaro Esaú Hernández Jiménez, actual titular de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo, y señalan que esta relación ha permitido al grupo opositor actuar con impunidad.
La disputa principal gira en torno al manejo de los recursos públicos del ayuntamiento, que ascienden a más de 25 millones de pesos. Según los habitantes, el grupo opositor ha buscado desestabilizar políticamente al municipio, respaldado por acciones como la toma de protesta que realizó el director de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER), David Salinas, a los opositores el pasado 1 de enero.
El sábado por la tarde, el grupo opositor irrumpió violentamente en el domicilio del presidente municipal, sacándolo frente a su familia para exigirle la renuncia anticipada al cargo. Pese a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) desechó la solicitud de destitución, el grupo organizó una asamblea sin quórum en la que intentaron destituirlo, estableciendo el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para su mandato.
El presidente municipal cuenta con medidas de protección asignadas, pero estas no han sido ejecutadas de manera efectiva.
En medio de la crisis, tres integrantes del cabildo, Sofía Antonio, Juana Santiago y Patricia García, fueron liberadas ayer tras haber estado encarceladas junto con el edil por más de 24 horas. Sin embargo, antes de su liberación, las regidoras fueron obligadas a firmar un documento en el que se comprometieron a no denunciar penalmente a los responsables de su retención.
La situación continúa generando tensiones en el municipio, mientras los pobladores exigen la intervención de las autoridades estatales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las autoridades municipales legítimamente electas.
