Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Debido a que aseguran que el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana ha sido opaco e incumple plazos, requisitos y bases de la convocatoria, la Organización No Gubernamental (ONG), “Nosotros Oaxaca”, exigió al Congreso del Estado, la reposición del procedimiento y la emisión de una nueva convocatoria que garantice la autonomía de ese órgano colegiado, debido a que pretenden imponer cuotas de actores gubernamentales.
Por lo pronto, el representante de esa ONG nacional en la entidad, Víctor Leonel Juan Martínez, pidió que el Comité Nacional, atraiga el procedimiento para evitar anomalías en los procedimientos que al momento ha realizado la Comisión de Selección del Consejo Estatal Anticorrupción, designado por la LXIII Legislatura.
El ex consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), destacó que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), es una figura clave para la viabilidad del sistema, sin embargo, la Comisión de Selección encargada del proceso, ha actuado de forma irregular.
El representante de la ONG que busca colocar a José Sánchez Canseco y Alejandro Cruz Pimentel, inhabilitado por irregularidades financieras en la Sedafpa, cuando el titular era Salomón Jara Cruz, en el sexenio de Gabino Cué, criticó el papel del Comité de Selección.
Esos dos activistas, son afines también y participaron activamente en la campaña a Gobernador del Senador del PT, Benjamín Robles Montoya, con su Comité Ciudadano Anticorrupción que el petista engendró.
Por lo pronto, Juan Martínez, criticó que la declaración patrimonial y la de intereses, se obtuvo del Portal de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, debido a que no tiene facultades para recibir declaraciones de ciudadanos, solamente de servidores públicos del Poder Ejecutivo.
NO obstante, Cruz Pimentel, fue funcionario de la Secretaría de la Contraloría, como costa en el oficio de comisión y pago de viáticos que la autorizó la dependencia, como consta en el documento fechado al pasado 24 de febrero del 2017, por un importe de 2 mil 250 pesos. Fue cesado por anomalías, mal desempeño en sus funciones, y fungió en el cargo hasta el pasado mes de noviembre del 2017.
No obstante, Juan Martínez, afirma que se constituye una seria irregularidad y pone en entredicho los principios rectores de legalidad y objetividad que deben regir el proceso.
Insistió que la primera etapa, del 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018, también presentó inconsistencias. La publicación de los seleccionados se dio a conocer hasta pasada la tarde del viernes 5 de enero, sin conocerse los criterios.
Y fue más allá, al señalar sin dar nombres que en la lista de seleccionados a la siguiente etapa hay personas vinculadas a los partidos políticos y las fracciones parlamentarias, violentando la convocatoria.
Así mismo, criticó que la etapa de entrevistas se efectuará en el Congreso del Estado, y signifique violación a la autonomía de la Comisión de Selección; para una actuación imparcial e independiente, debe ser en un lugar donde no exista intervención de los intermediarios.
Urgió entonces, imparcialidad y autonomía de la Comisión de Selección, las entrevistas deben realizarse en un espacio neutro, fuera del edificio legislativo, sin la presencia de intermediarios partidistas.
“Que los partidos políticos, las fracciones parlamentarias, los funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial, saquen las manos del proceso y se abstengan de intervenir directa o indirectamente en el proceso de selección”, demandó.
Que se haga pública de manera inmediata la documentación relativa a los acuses de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los participantes del proceso; las actas de las sesiones de la Comisión de Selección, relativas al registro de los participantes y a la evaluación documental de los candidatos; la metodología utilizada para la selección de candidatos.
Que se restablezca la página oficial de la Comisión de Selección, ya que es un portal que no permite la interacción, no cuenta con domicilio y teléfono de contacto y el correo que han puesto a disposición no otorga respuestas. Además, no brinda información actualizada.
Conforme al artículo 18, inciso e), de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, se proporcione la lista de investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia que serán invitados a las entrevistas públicas.
Se difundan las fechas de las entrevistas en medios locales, para que asista el público interesado. El lugar donde se ubica la sede del congreso local dificulta la asistencia.
Juan Martínez, insistió que la Comisión de Selección modifique la programación a cuatro días de entrevistas en lugar de dos, tiene hasta el 15 de enero para realizarlas y, efectuarlas en una jornada maratónica, impide un análisis serio de los planteamientos que hagan los entrevistados.
Y a los nueve integrantes de la Comisión de Selección de sujetarse a los principios que señala el artículo 5º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de imparcialidad y competencia por mérito para garantizar que los integrantes del CPC sean los perfiles más idóneos e independientes de los poderes públicos.
Pidió entonces que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de seguimiento, vigile y coadyuve en el proceso de selección de su par estatal.
De no realizar las correcciones necesarias, transparentar el proceso y desvincularse de poderes gubernamentales y partidos políticos, “exigimos la reposición del proceso, desde la etapa de designación del Comité de Selección, pues está visto que sus actuales integrantes no garantizan la imparcialidad, autonomía y legitimidad que requiere la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana”.
