Redacción El Piñero
Tlaxiaco, Oaxaca. – El Comité Contra la Tortura de la ONU emitió un dictamen contundente contra el Estado Mexicano por el caso de tortura en agravio del joven indígena mixteco Ángel Daniel Bautista Vásquez, cometido por policías municipales de Tlaxiaco en marzo de 2020. La resolución internacional obligó a las autoridades mexicanas a iniciar acciones legales, incluyendo la reciente detención de dos elementos de dicha corporación.
El pasado 18 de julio de 2025, fueron aprehendidos los policías Jorge Hilario Santiago (también identificado como Jorge Santiago Hilario) y Melquiades Avendaño Sarabia, acusados del delito de tortura, según consta en la causa penal 121/2025. Ambos fueron trasladados a Oaxaca de Juárez, donde se celebró la audiencia inicial, y permanecen en prisión preventiva. La resolución del juez sobre su situación jurídica se dará el próximo 24 de julio. Aún faltan por ejecutarse siete órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables.
TORTURA A UN JOVEN INDÍGENA
Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2020, cuando Ángel Daniel Bautista fue interceptado por policías municipales al llegar al domicilio de sus padres, en el barrio San Nicolás. Sin motivo aparente, los oficiales lo sometieron con extrema violencia, le dispararon en la pierna y lo llevaron a un terreno baldío donde lo golpearon brutalmente, provocándole fracturas. Los hechos ocurrieron bajo la administración del entonces presidente municipal Gaudencio Ortiz Cruz, del partido Morena, señalado por múltiples abusos durante su gestión.
La denuncia penal se presentó el 2 de abril de 2020, iniciándose la carpeta de investigación 10481/FMIX/TLAXIACO/2020. No obstante, el caso quedó en la impunidad hasta que intervino el Comité Contra la Tortura de la ONU.
UN DICTAMEN QUE SACUDE AL ESTADO
El dictamen internacional CAT/C/82/D/1102/2021, adoptado el 11 de abril de 2025 y notificado el 7 de mayo al Estado Mexicano, obliga a investigar, judicializar y sancionar a todos los responsables, así como a ofrecer reparación integral, medidas de no repetición y una disculpa pública por parte de las autoridades mexicanas. A este pronunciamiento se suma la Recomendación 3/2025 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
IMPUNIDAD PERSISTENTE EN OAXACA
El caso de Bautista Vásquez no es aislado. Entre 2011 y 2025 se han registrado 921 carpetas de investigación por tortura en Oaxaca, con 1,237 víctimas. Sin embargo, no existe una sola sentencia condenatoria, pese a la creación en 2017 de una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía estatal.
Ante este panorama, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. demandó el cumplimiento total de las resoluciones internacional y estatal, la vinculación a proceso de los detenidos, la ejecución de las órdenes restantes, y una investigación a fondo sobre la cadena de mando.
“Queremos justicia. No más impunidad para quienes abusan del poder y violentan a los pueblos indígenas”, exigieron Daniel Bautista Barrios, padre de la víctima, y Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos.
Este caso representa un parteaguas en la lucha contra la tortura en Oaxaca, y pone bajo la lupa la deuda histórica del Estado con las víctimas y sus familias.
