Redacción EL PIÑERO
Loma Bonita, Oaxaca. — Las últimas horas han sido de tensión para el gobierno de Nahim Morales, popularmente conocido como “El Títere”, luego de que la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado lo obligara a pagar 21 de millones de pesos del laudo laboral que dejó como herencia Felipe Reyes quien, de manera arbitraria, corrió a 52 empleados municipales en el 2011, cuando fue presidente municipal por segunda ocasión.
Se estableció que el día de ayer –viernes- la JAESPE llegó a Loma Bonita para destrabar el millonario laudo que se debe a 52 trabajadores del Ayuntamiento quienes desde el 2011 —fecha en que fueron corridos- han buscado justicia.
Al respecto, los agraviados precisan que de manera arbitraria el entonces presidente municipal Felipe Reyes los corrió por revanchismo político, acusándolos de haber simpatizado con el alcalde saliente Víctor Lagunes Cervantes.
Por lo tanto, los inconformes procedieron legalmente y en el 2014 la Defensoría expuso que las y los trabajadores del ayuntamiento de Loma Bonita fueron cesados sin justificación, por lo cual presentaron una denuncia en la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. El resultado de esa querella fue la emisión del laudo 19/2011 cuyo monto asciende a 21 millones de pesos.
FELIPE REYES VIOLENTÓ A EMPLEADOS
Cabe mencionar que en aquella ocasión, el organismo defensor señaló que la omisión administrativa por parte de la autoridad municipal, en este caso Felipe Reyes, respecto al cumplimiento del laudo y la recomendación, violenta los derechos de los empleados beneficiados.
El organismo defensor detalló que el ayuntamiento de Loma Bonita está vulnerando los derechos a la seguridad jurídica, acceso efectivo a la justicia y al trabajo de los 52 empleados demandantes.
La institución autónoma pidió dentro de la recomendación 15/2014 que el gobierno municipal de Loma Bonita cumpla con lo solicitado en el laudo, es decir, que emprenda los procesos y gestiones necesarios para poder cumplir con las prestaciones laborales indicadas dentro del documento.
Esta solicitud incluye que el cabildo realice las gestiones pertinentes para poder efectuar la reinstalación de las y los 52 trabajadores afectados, pues la autoridad municipal de Loma Bonita evade su responsabilidad argumentando que no cuenta con presupuesto suficiente, ni plazas disponibles.
Asimismo, la Defensoría pidió al ayuntamiento de Loma Bonita que dentro de su presupuesto de egresos incluyera una partida especial que le permita estar en condiciones de cumplir con las obligaciones derivadas de sentencias y laudos que pudieran ser emitidos en su contra.
La Defensoría requirió al ayuntamiento de Loma Bonita que en caso de no dar cumplimiento a los puntos anteriormente señalados, debía iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos que tenían la obligación de realizar las acciones solicitadas.
La Defensoría ve con preocupación la negativa por parte del ayuntamiento de Loma Bonita a aceptar la recomendación y, por ende, a cumplir con los puntos que se solicitan, pues en los archivos de las oficinas de esta institución defensora no obra documento alguno que manifieste interés por parte de esa autoridad respecto a responder la recomendación.
La falta de aceptación de la recomendación 15/2014 se traduce en una violación reiterada de los derechos humanos de las 33 personas afectadas, pues el ayuntamiento implicado no ha respondido a ninguno de los puntos requeridos. Esto hace presumible la falta de voluntad de las autoridades para actuar con respeto a los derechos humanos.
REGIDORES PIDEN SE PAGUE EL MILLONARIO LAUDO, NAHIM SE NIEGA
Cabe mencionar que luego de la reñida reunión con representantes de la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, los regidores de oposición pidieron que se pagarán los 21 millones de pesos, pero Nahim Morales por órdenes de Felipe Reyes se negó, por lo tanto la situación quedó entrampada.
No obstante dado que los agraviados cuentan con todo el respaldo legal, existen amplias posibilidades de que el gobierno perredista ceda y así solvente el millonario laudo que, lamentablemente, tendrá que desviar de otras necesidades primarias.
Cabe mencionar que en el 2014 el laudo laboral ascendía a ocho millones 614 mil pesos pero debido a que Felipe Reyes se negó, ahora le costará al pueblo lomabonitense pagar 21 millones de pesos.
